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El expresidente Donald Trump, en su campaña por un segundo mandato, ha prometido realizar la mayor deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Aunque la implementación de tal medida presenta desafíos técnicos y logísticos, expertos advierten sobre las graves consecuencias que tendría en la economía y, especialmente, en el sector agrícola del país, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.
Amy Liebman, jefa de programas de la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes, señala que el impacto de estas deportaciones sería enorme, ya que los inmigrantes representan una parte fundamental de la fuerza laboral estadounidense, particularmente en las granjas. En un momento en el que el sistema alimentario ya está afectado por el cambio climático y los desastres naturales, la deportación de millones de trabajadores esenciales podría agravar aún más la situación.
Cada año, cientos de miles de trabajadores agrícolas temporeros ingresan a EE.UU. con visados H-2A para cosechar y procesar productos. Sin embargo, una parte significativa de la mano de obra del sector alimentario está compuesta por inmigrantes sin estatus legal. Según estimaciones, 1.7 millones de indocumentados trabajan en algún eslabón de la cadena de distribución de alimentos del país, lo que convierte a las deportaciones masivas en una amenaza directa para el suministro de alimentos.
Stephen Miller, asesor de Trump, ha argumentado que estas deportaciones podrían elevar los salarios de los trabajadores nacidos en EE.UU. Sin embargo, los expertos aseguran que programas anteriores que restringieron la inmigración no lograron este objetivo. Por ejemplo, el fin del Programa Bracero en 1965 no incrementó los salarios de los trabajadores agrícolas locales. De hecho, deportaciones masivas bajo programas previos como “Comunidades Seguras” provocaron una disminución de empleos y salarios.
Además del impacto económico, las deportaciones masivas podrían causar un aumento significativo en los precios de los alimentos. La falta de mano de obra suficiente para cosechar y procesar productos agrícolas podría reducir la oferta y, en consecuencia, encarecer los precios en los supermercados.
El plan de Trump también suscita preocupaciones legales y éticas. Paul Chávez, abogado de AI Justice, señala que una operación de deportaciones masivas podría implicar perfiles raciales y violar la 14ª enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación basada en el origen nacional. Aunque el plan de Trump aún no está claro, muchos temen que, independientemente de su viabilidad legal, la mera amenaza de redadas tenga un efecto disuasorio en la población inmigrante, afectando a millones de familias y trabajadores esenciales.
