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El sacerdote jesuita Marcelo Pérez Pérez había estado sintiendo la presión de su labor en Chiapas, un trabajo que no solo lo hizo popular entre las comunidades indígenas, sino que también lo enfrentó a los grupos de poder y bandas criminales de la región de Los Altos de Chiapas. Desde hace meses, sabía que su activismo estaba provocando incomodidad entre estos grupos, que veían con malos ojos su esfuerzo por defender los derechos de los más vulnerables.
“Estamos luchando contra la injusticia. En Simojovel, incluso me pusieron precio a la vida”, reveló en una entrevista que concedió a El Heraldo de Chiapas el pasado agosto. En sus palabras, se percibía un compromiso profundo: “A pesar de la violencia, seguimos construyendo la paz. Hemos acompañado a desplazados y mediado en conflictos para liberar a funcionarios públicos. La lucha por los pobres es un mandato divino”.
Trágicamente, su vida se apagó el pasado domingo, cuando fue asesinado en San Cristóbal de las Casas. Tras oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali, fue emboscado por sicarios que se trasladaban en motocicleta. A la edad de 51 años, el sacerdote dejó un legado que resonará en las comunidades a las que sirvió.
El asesinato de Pérez ha sido condenado por múltiples organizaciones de derechos humanos, así como por la Compañía de Jesús, a la que pertenecía. “El padre Marcelo fue un símbolo de resistencia y apoyo para las comunidades de Chiapas durante décadas”, señaló la organización en un comunicado, enfatizando la importancia de su trabajo en la defensa de la dignidad y los derechos humanos. También hicieron un llamado urgente a las autoridades para que actúen con firmeza y restauren el orden y el estado de derecho.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso, anunciando que se habían iniciado las investigaciones desde el mismo día del crimen. “Lamentamos profundamente el asesinato del padre Marcelo Pérez. Estamos trabajando en coordinación con la Diócesis y las autoridades eclesiales para asegurar que este crimen no quede sin castigo”, declaró.
El caso ha puesto nuevamente en el centro de atención un estado que ha visto un deterioro acelerado de la seguridad. Pérez advertía que Chiapas era “una bomba de tiempo”, y su muerte resalta la urgencia de abordar los problemas de violencia que afectan a la región.
Hijo de campesinos indígenas tzotziles, Marcelo se adentró en la vida religiosa desde joven. Se ordenó sacerdote en 2002, inspirado por Felipe Arizmendi, un destacado líder religioso en Chiapas. Durante sus dos primeras décadas de servicio, estuvo al frente de la parroquia en Chenalhó y luego en Simojovel, donde se involucró en la mediación de disputas entre diferentes grupos sociales.
Una de las controversias más graves que enfrentó fue la disputa por el control político del gobierno local de Panthelhó, donde un grupo llamado “Los Herrera” mantenía pactos con bandas criminales. En respuesta a los abusos que sufrían, las comunidades indígenas formaron un grupo de autodefensa conocido como “El Machete”, en el que Pérez se convirtió en mediador. Sin embargo, la violencia escaló, y su nombre fue malinterpretado en medio de las tensiones, llegando incluso a emitirse una orden de detención en su contra por el caso de 21 desaparecidos, la cual nunca se ejecutó.
“Siempre hemos buscado pacificar, no generar violencia”, afirmó Pérez en su defensa, subrayando que su misión era proteger los derechos humanos.
Ante la creciente violencia, y tras recibir múltiples amenazas, su Diócesis decidió trasladarlo a una parroquia en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, continuó su lucha por la paz, liderando manifestaciones y advirtiendo sobre la crítica situación de seguridad en Chiapas. “Si no tomamos medidas, Chiapas será dominado por el crimen organizado. Pero estoy convencido de que podemos organizarnos para evitarlo”, dijo en una ocasión.
Su muerte ha generado indignación a nivel nacional e internacional. La Oficina para los Derechos Humanos de la ONU también expresó su rechazo al crimen, destacando que, a pesar de contar con medidas de protección, el sacrificio de Marcelo es un recordatorio de la necesidad de cambios estructurales en el contexto de violencia que enfrenta Chiapas.
“El asesinato del padre Marcelo es totalmente inaceptable. Su trabajo era reconocido tanto por las comunidades indígenas como a nivel internacional. Su pérdida es irreparable y resalta la necesidad de implementar medidas serias que transformen la situación de violencia en la región”, concluyó Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.
