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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha dado un paso sin precedentes al presentar ante los tribunales una demanda de acción colectiva en contra de los principales distribuidores de medicamentos en México. Las empresas señaladas, Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, han sido acusadas de limitar la distribución de medicamentos y manipular sus precios, acciones que habrían afectado a los consumidores por más de una década. Andrea Marván, presidenta de Cofece, afirmó al respecto que estas compañías no solo restringieron el suministro de fármacos, sino que también establecieron acuerdos para controlar descuentos y elevar precios, perjudicando a la población de manera significativa.
Este caso emblemático, que se remonta a 2021, había concluido con una sanción económica de 900 millones de pesos para estas empresas. No obstante, la Cofece decidió llevar el asunto a los tribunales luego de considerar que el daño al consumidor alcanzó los 2,000 millones de pesos, respaldado por pruebas suficientes para exigir una reparación del daño. A través de esta acción colectiva, se solicita que las compañías involucradas compensen con un monto de 2,316 millones de pesos, fondos que, en caso de éxito, serían destinados a reforzar el sistema de salud pública, particularmente al IMSS-Bienestar. Marván enfatizó que el organismo busca enviar un mensaje claro y firme de que quienes incurran en estas prácticas no solo enfrentarán sanciones, sino también estarán obligados a enmendar el perjuicio causado.
La Cofece ha estructurado esta demanda con base en las prácticas anticompetitivas documentadas en el expediente de 2021. En aquel momento, además de las sanciones económicas, se inhabilitaron a varios directivos de las empresas por coludirse para limitar la cantidad de fármacos disponibles en farmacias seleccionadas y coordinar un aumento de precios en ciertos medicamentos, incrementándolos en un 3.66%. Marván señaló que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas, el organismo determinó que existía suficiente evidencia para llevar el caso a un juicio federal, subrayando el compromiso de la Cofece por utilizar todas sus facultades para hacer valer la ley y exigir que se repare el daño económico y a la salud del consumidor.
Este proceso también marca una diferencia en cómo las acciones colectivas en temas de competencia permiten que las personas afectadas por prácticas anticompetitivas sean indemnizadas de forma directa. Cofece, en estos casos, actúa como representante de la colectividad perjudicada y asume los costos del procedimiento legal, lo que facilita el acceso a la justicia para los consumidores. Marván anticipó que este caso podría ser el primero de varios, ya que el pleno de la Cofece ya tiene en proceso otras demandas colectivas similares que esperan resolver antes de que termine el año, fortaleciendo así la protección de los derechos de los consumidores en el país.
