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Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron su renuncia, efectiva a partir de agosto de 2025, en un movimiento que permitirá al “pueblo decidir” la composición del máximo tribunal, según declaró el magistrado Juan José Olvera este 29 de octubre. La medida afecta a ministros destacados, incluyendo a Norma Piña y Javier Laynez, y deja en el cargo a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes se prevé que participarán en el proceso de elección popular impulsado por la actual administración.
Según Olvera, esta acción simboliza un compromiso con los ideales de la reforma judicial, la cual busca otorgar al pueblo un papel central en la elección de los jueces y magistrados. La renuncia anticipada surge en un contexto de controversias y desacuerdos sobre la reforma, y marca un cambio significativo en la historia judicial de México. La decisión de los ministros también permite que los ciudadanos, a través de una elección directa, seleccionen a sus representantes judiciales en la SCJN.
La renuncia de los ministros ha generado reacciones mixtas. Algunos observadores ven este acto como una salida para apaciguar las tensiones en el ámbito judicial, mientras que otros sostienen que podría abrir la puerta a influencias políticas en el proceso de selección de jueces y magistrados. Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara mantuvo su postura en defensa de la elección popular para ministros, mientras que expresó reservas sobre la elección popular de jueces y magistrados.
De acuerdo con la nueva reforma, la Suprema Corte reducirá su composición de 11 a nueve ministros, un cambio que algunos han calificado como una estrategia para reducir la influencia de aquellos que se oponen a la administración actual. Este rediseño en la estructura del tribunal es parte de la visión de la 4T para transformar el sistema judicial.
Este mismo martes, el periodista Arturo Ángel indicó que los ministros tienen hasta el 31 de octubre para confirmar su decisión de renunciar, de lo contrario, podrían ser forzados a permanecer en sus cargos bajo las nuevas disposiciones. La Cámara de Diputados se prepara también para votar una iniciativa de supremacía constitucional que podría limitar la posibilidad de interponer amparos contra esta reforma, consolidando así los cambios previstos.
La salida de los ministros en este contexto es vista por algunos como una capitulación frente a las presiones políticas, mientras que otros lo ven como un acto de responsabilidad.
