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La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha varias investigaciones contra jueces y magistrados por posibles abusos de autoridad, a raíz de las suspensiones que estos otorgaron en relación a la reforma judicial.
Las investigaciones comenzaron después de que el Poder Legislativo y el Ejecutivo presentaran sus denuncias. Según fuentes del ámbito judicial, que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, la FGR ha estado solicitando a los jueces copias de los expedientes relacionados con las suspensiones, a través de correos donde les notifican sobre la investigación en curso.
Los jueces y magistrados argumentan que estas acciones son solo una táctica para amedrentar y coaccionar, similar a lo que se ve en regímenes autoritarios. Dicen que buscan presionarlos para que tomen decisiones que se alineen con los intereses del sistema.
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La situación se complica, ya que el sistema sostiene que estas suspensiones no deberían haberse decretado y está ejerciendo presión tanto a nivel penal como administrativo. Para que se inicie una consignación penal contra un juez, primero es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, ya que los jueces cuentan con fuero orgánico. Sin este proceso, no es posible avanzar con la consignación.
Las fuentes indican que la investigación puede llevarse a cabo, pero no se podrá presentar una consignación ante un juez penal sin antes resolver el tema del fuero.
“La FGR está pidiendo a los jueces las copias de los expedientes… Dicen que hay una denuncia por un posible delito, lo que se siente como una presión directa. Prácticamente están dejando claro que nos tienen en la mira”, comentan las fuentes consultadas.
A pesar de que se menciona que se está hablando de un abuso de autoridad, los jueces creen que no hay bases reales para ello. Si bien el Ministerio Público podría presentar un caso, será el juez penal quien decida, y actualmente los jueces en esa posición tienen una trayectoria judicial sólida y es poco probable que emitan una orden de aprehensión sin fundamento. El problema podría intensificarse en 2025, advierten.
Además, se están presentando quejas administrativas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que investiga si ha habido alguna falta y si es necesario abrir un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina para determinar la responsabilidad de los jueces y magistrados involucrados.
Si se considera que hay una falta grave, podría haber destituciones. Es importante señalar que la Comisión de Vigilancia está compuesta por tres consejeros vinculados directamente con la 4T.
Las fuentes también mencionan que los jueces han buscado medidas cautelares ante las Relatorías de Naciones Unidas, para que puedan presionar al Estado mexicano a detener estas persecuciones y garantizar la independencia judicial.
En la conferencia de prensa matutina del 18 de octubre, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, anunció que el gobierno federal presentará denuncias ante el CJF contra los jueces que otorgaron amparos contra la reforma judicial.
Se habla de más de 170 suspensiones, y se estima que algunos jueces podrían haber emitido más de una, lo que podría implicar entre 20 y 30 jueces en esta situación.
Los expertos consideran preocupante lo que sucederá con los nuevos jueces que asumirán en 2025. “El CJF se va y entra el Tribunal de Disciplina… Hay dos caminos: uno es el administrativo, ante el Consejo, y se anticipa que el Tribunal dirá que hay una conducta ilegal. Hasta ahora, el Consejo ha sostenido lo contrario, pero esto podría cambiar”, explican.
El consejo interno necesita aprobar la separación del cargo para que se inicie una acción penal. “Por ejemplo, si hay una carpeta de investigación y hoy le piden al juez la orden, él puede negarse, pues no se tiene el desafuero. Y si se acude al Consejo, probablemente digan que no es delito. Pero en 2025, la mitad de los jueces serán nuevos… y ahí es cuando puede empezar la persecución política“, anticipan los entrevistados.
