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Apenas un día después de abrirse el proceso de registro, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) ha informado que 224 personas ya se han inscrito para aspirar a ser jueces, magistrados o ministros. Así lo anunció el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien destacó que la mayoría de las inscripciones se han realizado a través del sitio web dispuesto por el comité.
Fernández Noroña, en su intervención ante el pleno, confirmó que estas candidaturas son parte del proceso electoral judicial extraordinario que se celebrará el primer domingo de junio de 2025. El registro incluye aspirantes para varios cargos clave, como cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de otros puestos importantes en el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este proceso busca llenar numerosos cargos en el sistema judicial, incluyendo 464 plazas para magistrados de tribunales colegiados de circuito y de apelación, según las materias de competencia de cada circuito judicial. También se elegirá a 386 jueces de distrito en diversas regiones del país, un número significativo que subraya la magnitud de esta reforma judicial.
El proceso electoral judicial extraordinario contempla un total de 5,379 candidaturas. De estas, el Poder Ejecutivo podrá proponer 1,793 candidatos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará otros 1,793, y el Poder Legislativo propondrá 912. Sin embargo, el volumen de candidaturas y la estructura de este sistema electoral han sido objeto de debate, especialmente en un contexto donde se cuestiona la independencia y eficiencia del Poder Judicial.
La relevancia de este proceso se enmarca en la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales, aunque críticos han expresado su preocupación por las posibles implicaciones políticas. La reciente reforma judicial y los despidos masivos de jueces y magistrados han generado controversia, y observadores internacionales, como la relatora especial de la ONU, han señalado posibles violaciones al debido proceso, lo que añade una capa de complejidad a esta ya delicada situación.
