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Con la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los inmigrantes, empleadores y grupos de apoyo han comenzado a tomar acciones ante su segunda administración. Trump ha anunciado que su prioridad será implementar políticas para deportar a millones de personas sin documentos legales en el país, lo cual genera tanto incertidumbre como esperanza entre distintos sectores.
Mientras algunos ven los planes de Trump como una posibilidad de mejorar la situación, otros están preocupados por el impacto que pueda tener en sus familias y comunidades. Grupos defensores de derechos temen que las deportaciones se extiendan a niveles profundos en la sociedad estadounidense, afectando a personas que, en su opinión, deberían tener el derecho a quedarse.
Aliados del presidente reelecto ya están discutiendo las primeras medidas, enfocándose en la frontera entre México y Estados Unidos como prioridad para el día uno de la nueva administración. Según fuentes cercanas, el objetivo inicial sería expulsar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos.
Por su parte, organizaciones de apoyo a inmigrantes se están movilizando para enfrentar las posibles deportaciones masivas. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), por ejemplo, está recaudando fondos y reuniendo abogados para oponerse a lo que denominan una política “viciosa y cruel”. Juan Proaño, CEO de LULAC, afirma: “Las deportaciones masivas dañarán no solo a los millones que Trump tiene en la mira, sino también a las familias, comunidades y hasta la economía de nuestro país”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya ha comenzado a planificar sus recursos legales. Lee Gelernt, abogado de ACLU, indicó que durante el último año han estado preparándose para enfrentar las políticas más severas posibles. “Se ha mencionado incluso la idea de utilizar fuerzas militares para las deportaciones, lo cual es completamente ilegal”, expresó Gelernt.
En California, donde la mano de obra inmigrante es esencial en el sector agrícola, la demanda de una reforma migratoria que permita la entrada de trabajadores temporales ha cobrado fuerza nuevamente. Shannon Douglass, presidenta del California Farm Bureau, resalta la necesidad de un estatuto legal para la fuerza laboral actual y de reducir las barreras al empleo en las granjas del estado.
Desde la comunidad hispana en Houston, Cesar Espinosa, residente legal y líder comunitario, ha recibido múltiples mensajes de personas preocupadas. “La incertidumbre es muy grande, muchos se preguntan ‘¿qué pasa ahora?'”. Espinosa intenta calmar los temores y señala que deportaciones masivas de personas sin antecedentes llevarían tiempo, mientras él mismo espera los dos años que le faltan para poder solicitar la ciudadanía estadounidense.
En Nueva York, la situación no es menos tensa. Los funcionarios de la ciudad aseguran que se apoyarán en las leyes santuario para limitar la cooperación con las autoridades federales en temas de inmigración. Sin embargo, algunos advierten que estas leyes no detendrán del todo las acciones de agencias federales como ICE o CBP, las cuales desempeñarán un rol clave en cualquier operativo de deportación masiva cuando el gobierno de Trump retome el control en enero.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes también ha anunciado que sus abogados están listos para proporcionar representación legal a inmigrantes y refugiados, con la misión de mantener a las familias unidas y defender los derechos de quienes buscan asilo en Estados Unidos.
Jorge Rivas, propietario de Sammy’s Mexican Grill en Arizona, apoya las deportaciones de aquellos con antecedentes penales. Rivas, que obtuvo asilo años atrás, asegura que las deportaciones masivas solo deben aplicarse a quienes tienen un historial criminal. “No sería justo deportar a personas que respetan la ley”, afirma.
La reverenda Chloe Breyer, del Centro Interreligioso de Nueva York, explica que la comunidad religiosa también está movilizada. Según Breyer, están trabajando con decenas de iglesias, mezquitas y sinagogas para brindar ayuda en caso de que la deportación masiva se convierta en una realidad.
En la frontera, tanto ICE como CBP mantienen silencio sobre los planes específicos de la nueva administración, pero se espera que sus operaciones cambien drásticamente a partir del próximo 20 de enero. Las comunidades y activistas a ambos lados de la frontera, incluyendo a Tijuana y Piedras Negras en México, se preparan para el impacto de estas nuevas políticas.
