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A principios de octubre, Avery Davis Bell recibió una de las noticias más devastadoras de su vida: estaba a punto de perder al bebé que tanto ella y su esposo habían soñado tener.
A los 34 años, la genetista ya había pasado por varios episodios de hemorragia, por lo que fue hospitalizada en Georgia. Tanto ella como los médicos sabían exactamente qué se necesitaba para controlar el aborto espontáneo y evitar una posible infección fatal. Pero lo que ella no entendía era por qué la atención no llegaba de inmediato.
La respuesta fue clara: la restrictiva ley del aborto en Georgia. Si hubiera tenido el aborto espontáneo en otro lugar o por alguna otra causa médica, como un accidente de tráfico, los médicos habrían intervenido de inmediato. Pero en este caso, debido a las leyes del estado, tuvo que esperar.
Desde la anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022, la gestión de abortos espontáneos ha pasado de ser algo rutinario a una cuestión mucho más peligrosa, especialmente en los estados donde las leyes restrictivas están vigentes. Georgia es uno de esos estados, que solo permite el aborto dentro de las seis primeras semanas de embarazo. Bell estaba ya en la semana 18, demasiado tarde para que el feto sobreviviera, pero mucho más allá del límite permitido.
Los médicos le dijeron que tendría que esperar 24 horas a menos que su condición empeorara. Durante esa espera, Bell estaba perdiendo tanta sangre que necesitó una transfusión y dos infusiones de hierro. A pesar del sufrimiento físico, su mayor angustia era la inacción provocada por las leyes de Georgia.
“Me dije: ‘Tengo que aguantar’”, recordó Bell, quien trató de mantenerse fuerte por su marido, Julian, quien también estaba devastado por la noticia. A pesar del dolor, Bell no culpa a los médicos, sino a la ley que les impedía actuar.
Cuando la ley del aborto de seis semanas entró en vigor, el gobernador Brian Kemp prometió que el estado proporcionaría los recursos necesarios para cuidar la salud de las mujeres embarazadas. Sin embargo, casos como el de Bell demuestran que las restricciones están poniendo en peligro la vida de las mujeres, ya que Georgia ha sido testigo de muertes evitables debido a la falta de atención médica oportuna.
La situación es aún más alarmante cuando se comparan otros estados con leyes similares. En Texas, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna aumentó un 56% de 2019 a 2022 tras la implementación de su propia prohibición al aborto.
Para Bell, la espera fue un verdadero infierno. A pesar de que su bebé no sobreviviría, la ley la obligó a vivir un proceso extremadamente doloroso y angustiante, un limbo que Georgia no debería imponer a sus ciudadanos.
Aunque, con suerte, Bell logró recibir la atención médica necesaria a tiempo, siente una mezcla de tristeza y rabia por lo que le tocó vivir. En una conversación sobre su experiencia, dijo que la ley le negó la posibilidad de recibir atención médica de forma inmediata, lo que la puso en una situación de peligro innecesario.
A pesar de la tragedia, Bell se siente agradecida por tener la capacidad de abogar por sí misma gracias a su formación científica, pero se preocupa por las mujeres que no tienen las mismas circunstancias. En su caso, el dolor de perder a un bebé y el estrés de la situación se vieron multiplicados por las leyes que restringen la atención médica en Georgia.
“Todo este proceso fue horrible, y lo peor es que esto no debería pasarle a nadie”, dice Bell. “La ley solo hace que todo sea mucho más difícil, cuando lo único que se necesita es una atención médica rápida y humana”.
