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El debate sobre el salario mínimo está cobrando relevancia, especialmente con las próximas negociaciones para definir el aumento en 2025. El gobierno federal ha propuesto un incremento de al menos 12%, mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha revivido su idea de un salario digno, ahora renombrada como “vida digna”, sugiriendo un mínimo de 12,500 pesos mensuales en las empresas del país.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, afirmó que la pobreza y la desigualdad se reflejan en el ámbito laboral y propuso un compromiso colectivo para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores. Sin embargo, a pesar de las promesas, el problema persiste: las propuestas carecen de un plan concreto que aborde la baja productividad laboral y la alta informalidad. Mientras Coparmex lo presenta como un llamado voluntario, el gobierno lo plantea como algo alcanzable por decreto.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum busca que el salario mínimo alcance 2.5 canastas básicas al final de su mandato, lo que equivaldría a 11,500 pesos mensuales, frente a los 7,468 pesos actuales. Aunque las cifras pueden parecer prometedoras, ninguna propuesta aborda cómo mejorar las condiciones laborales estructurales. En el sector formal, el salario promedio es de 10,514 pesos mensuales, pero en la informalidad, donde millones de mexicanos trabajan sin prestaciones ni contratos, la remuneración promedio apenas alcanza los 5,120 pesos.
La informalidad sigue siendo un desafío enorme en México. El 54.3% de la fuerza laboral, es decir, 32.1 millones de personas, trabaja en empleos informales. Lo más alarmante es la informalidad que se da dentro del sector formal, donde 8 millones de personas carecen de contratos y seguridad social a pesar de trabajar en empresas o para el gobierno. Estos trabajadores reciben un salario promedio de 8,000 pesos, el más alto dentro de la informalidad, pero sin las condiciones que definen un empleo decente.
Organizaciones como México, ¿cómo vamos? han resaltado estas deficiencias en su informe El laberinto de la informalidad, que revela cómo empresas y entidades gubernamentales permiten prácticas evasivas que perpetúan esta situación. Aunque aumentar el salario mínimo puede parecer un paso en la dirección correcta, la verdadera solución pasa por garantizar derechos laborales básicos como la seguridad social y contratos formales. Sin estos elementos, una “vida laboral digna” seguirá siendo un sueño lejano, y millones de trabajadores continuarán atrapados en un sistema que, aunque parezca formal, sigue siendo profundamente informal.
