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Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, ha desatado controversia al publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que autoriza al instituto a revisar, modificar o incluso revocar pensiones ya otorgadas. Este nuevo procedimiento permite al ISSSTE verificar la información proporcionada por las dependencias donde trabajaron los pensionados, así como los años de servicio, el salario base percibido y los incrementos que determinaron las pensiones.
El instituto justificó la medida afirmando la necesidad de asegurarse de que las pensiones no excedan el límite establecido por el artículo 17 de la Ley del ISSSTE. Este artículo prohíbe que una pensión supere diez veces el salario mínimo, un tope calculado con la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la UMA mensual equivale a 3,300.53 pesos, lo que significa que aquellos que reciben más de 33,000 pesos al mes podrían ver reducidos sus montos.
El anuncio fue realizado por Batres a través de su cuenta de X, donde expresó que el objetivo del decreto es corregir “excesos e injusticias”. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre pensionados, quienes temen que sus beneficios sean reducidos sin suficiente justificación. La revisión incluye verificar documentos clave, y en caso de encontrar irregularidades, el ISSSTE podrá denunciar a las autoridades correspondientes, incluyendo al Ministerio Público Federal.
El ISSSTE explicó que si se detectan documentos falsos o posibles responsabilidades administrativas por parte de servidores públicos, los casos serán remitidos al Órgano Interno de Control o a las autoridades judiciales. Además, los afectados que no estén de acuerdo con las decisiones tendrán 15 días hábiles para impugnar la resolución.
El decreto entró en vigor el 9 de noviembre, un día después de su publicación oficial. Esta decisión ha abierto un debate sobre los derechos de los pensionados y el alcance del ISSSTE para intervenir en beneficios previamente concedidos. Mientras Batres argumenta que se trata de una corrección de excesos, los críticos señalan el riesgo de que las acciones puedan perjudicar a quienes dependen de sus pensiones para vivir dignamente.
