Un juez federal ha otorgado la primera suspensión provisional contra la controvertida reforma de la supremacía constitucional, promovida por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Esta reforma busca proteger las modificaciones a la Constitución realizadas durante la actual administración, dificultando las impugnaciones judiciales.
La magistrada federal Irma Caudillo Peña presentó un juicio de amparo contra la reforma judicial, argumentando que el proceso legislativo que llevó a su aprobación fue irregular. El juez Primero de Distrito en Guanajuato, Luis Alfredo Gómez Canchola, admitió la ampliación de la demanda, destacando que el procedimiento legislativo podría ser objeto de revisión mediante amparo, aunque no se cuestione el contenido de la reforma.
Durante una sesión del pasado 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma. Cuatro ministros se opusieron a su procedencia, lo que dejó en claro que las reformas constitucionales solo pueden ser desafiadas por posibles violaciones al procedimiento legislativo. El ministro Alberto Pérez Dayán subrayó que el juicio de amparo es la vía adecuada para impugnar estas reformas, enfocándose en el proceso de su creación, no en el contenido.
El juez Gómez Canchola explicó que la opinión de Pérez Dayán destaca la posibilidad de que el juicio de amparo se convierta en un medio de control constitucional efectivo. Por ello, decidió proceder con la ampliación de la demanda presentada por la magistrada Caudillo Peña, cuestionando la legalidad del proceso legislativo de la reforma.
La reforma, que ha sido duramente criticada por su intención de blindar las modificaciones a la Constitución, enfrenta así su primer obstáculo judicial. Al admitir esta impugnación, el juez concedió la suspensión provisional, evitando que el juicio de amparo sea desechado de inmediato. Esto significa que, por ahora, la magistrada podrá seguir adelante con su lucha legal contra una reforma que ha generado preocupación por el posible abuso de poder y el control excesivo sobre el Poder Judicial.