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Con el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, crece la preocupación entre los opositores a la pena de muerte, temiendo que esto desate una nueva ola de ejecuciones federales. Durante sus últimos meses en el poder, su administración retomó la práctica después de dos décadas de pausa, ejecutando a 13 personas.
Ahora, muchos activistas están pidiendo al presidente Joe Biden que actúe antes de que sea demasiado tarde. La idea es que conmuten todas las sentencias de muerte federales, eliminando cualquier posibilidad de que Trump reactive las ejecuciones al asumir el cargo nuevamente.
Un sistema de justicia desigual, según los críticos.
Los detractores de la pena de muerte aseguran que su aplicación es injusta y arbitraria, afectando de manera desproporcionada a personas negras y con enfermedades mentales. También alertan sobre el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Para ellos, Trump representa una amenaza directa. Según Abraham Bonowitz, director de Death Penalty Action: “Sabemos de lo que es capaz, y debemos tomar en serio su promesa”.
Biden, por su parte, hizo campaña con la intención de abolir la pena de muerte federal. Sin embargo, hasta ahora, su administración solo ha pausado las ejecuciones mientras revisa políticas y protocolos. Activistas como Robin Maher, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, creen que conmutar las penas actuales sería un paso lógico y necesario: “Esto no solo cumpliría su promesa, sino que evitaría que Trump use estas sentencias para ejecutar a más personas”.
El plan de Trump para endurecer las leyes.
Durante su campaña de 2024, Trump dejó claro que no solo retomaría las ejecuciones, sino que buscaría ampliar los crímenes castigados con la pena de muerte. Entre sus propuestas se encuentran:
- Imponer la pena capital a traficantes de personas y narcotraficantes.
- Aplicar la sentencia a migrantes que asesinen a ciudadanos estadounidenses.
- Ampliar su uso a casos de abuso sexual infantil, a pesar de que la Corte Suprema ha considerado esta medida inconstitucional.
A pesar de su distanciamiento público del Proyecto 2025 (un plan ultraconservador que busca orientar su segundo mandato), los defensores de los derechos humanos advierten que este documento incluye estrategias para acelerar y expandir el uso de la pena de muerte federal.
La presión a Biden: “actúe ya”.
La incertidumbre sobre el futuro ha movilizado a múltiples organizaciones, desde Amnistía Internacional hasta la ACLU, para exigirle a Biden que tome medidas inmediatas. En una carta firmada por activistas y grupos como el Innocence Project, piden que las penas de muerte restantes sean conmutadas y que incluso se cierre la sala de ejecuciones en Terre Haute, Indiana.
Krisanne Vaillancourt Murphy, directora de la Red de Movilización Católica, subrayó la importancia de esta acción: “Es un imperativo moral detener este ciclo. Biden debe negar a Trump la oportunidad de continuar este legado”.
¿Un camino sin retorno?
Aunque una estrecha mayoría de estadounidenses sigue apoyando la pena de muerte, el debate sobre su justicia e implementación no cesa. Los críticos señalan que más que justicia, este castigo perpetúa las fallas de un sistema legal plagado de desigualdades.
Con Trump a la vista y el reloj corriendo, el futuro de la pena de muerte en EE.UU. parece estar en juego, y las decisiones que tome Biden en los próximos meses podrían cambiarlo todo. ⏳
