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El estado de las carreteras federales en Jalisco ha generado un fuerte debate entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Mientras la SICT asegura que solo el 26% de las vías están en mal estado, la CMIC afirma que el 80% presenta condiciones deplorables, un problema que impacta tanto en la seguridad vial como en la competitividad económica de la región.
De acuerdo con datos proporcionados por la SICT, de los aproximadamente dos mil 200 kilómetros de carreteras federales en Jalisco, un 36% se mantiene en buenas condiciones y un 38% en estado regular. Sin embargo, estas cifras son cuestionadas por el presidente de la CMIC en el estado, Juan Manuel Chávez Ochoa, quien sostiene que la mayoría de las vías se encuentran en condiciones críticas, afectando directamente el desempeño económico del estado y la movilidad segura de sus ciudadanos.
Este año, Jalisco recibió 110.74 millones de pesos destinados al mantenimiento de carreteras, aunque la mayor parte de estos recursos se utilizó para saldar deudas pendientes de trabajos realizados en 2023. Esto ha generado inconformidad en el sector transportista, que denuncia la falta de inversión efectiva para resolver los problemas actuales, lo cual, según ellos, pone en riesgo tanto sus labores como sus vidas.
El deterioro de las carreteras también afecta la logística y eficiencia de las actividades comerciales en Jalisco, un estado clave para el comercio y la distribución en el occidente de México. El sector transportista ha señalado que la falta de infraestructura adecuada limita su productividad y eleva los costos operativos, lo que a su vez impacta en los precios finales para los consumidores.
Por su parte, la SICT defiende su postura argumentando que los recursos federales asignados a Jalisco son limitados debido a recortes presupuestales, lo que ha dificultado la ejecución de nuevos proyectos de rehabilitación. No obstante, este argumento ha sido criticado por empresarios y transportistas, quienes consideran que la administración federal prioriza otros estados mientras descuida una infraestructura esencial para la región.
El conflicto entre ambas partes pone de manifiesto la creciente discrepancia entre las cifras oficiales y la realidad percibida por los usuarios de las carreteras. Mientras el debate continúa, la falta de acción efectiva sigue afectando a miles de ciudadanos y a una economía que depende en gran medida de una infraestructura de transporte eficiente y segura.
