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Hasta octubre de este año, Hidalgo ya ha registrado 61 denuncias por corrupción de menores, cifra que iguala a la que se alcanzó en todo 2023. Esto quiere decir que, si sigue esta tendencia, las querellas de este tipo podrían superarse al finalizar el 2024. 😟
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio con más casos registrados es Pachuca, con 22 denuncias. Otros municipios como Apan, Atotonilco de Tula, Huautla, Huejutla, entre otros, reportaron entre una y cinco querellas cada uno.
Es importante recordar que, según el Código Penal de Hidalgo, este delito se castiga con de tres a siete años de prisión y una multa de hasta 100 días. Además, se establece la inhabilitación permanente para ser tutor o cuidador de menores a quienes se les facilite esta práctica de corrupción.
Y si el menor, debido a estos actos, termina cayendo en vicios como alcoholismo, drogadicción, o se dedica a actividades delictivas o de prostitución, la pena se agrava. La sentencia puede aumentar a la mitad de lo establecido.
También se considera severa la pena para aquellos que empleen a menores en lugares que dañen su formación moral. Esto puede implicar seis meses a un año de prisión, multas y hasta la clausura del establecimiento si se reincide.
Este tipo de delitos no solo destruye la vida de los menores, sino que afecta gravemente el tejido social. Es crucial seguir luchando contra estas prácticas y proteger a los más vulnerables.
