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En una sesión llena de tensiones y debates, los diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron tres reformas clave que están dando de qué hablar: prisión preventiva oficiosa, fortalecimiento de la seguridad pública y la eliminación de organismos autónomos como el INAI. Estas iniciativas fueron presentadas con carácter de urgente por la diputada Lizbeth Ordaz Islas, y rápidamente obtuvieron luz verde en el pleno.
Prisión preventiva: ampliando el catálogo de delitos.
Con 23 votos a favor y cinco en contra de diputados del PRI, PAN y MC, la reforma para modificar la prisión preventiva oficiosa fue aprobada. Esta propuesta, impulsada por el Ejecutivo Federal, busca incluir en el catálogo de delitos graves conductas como extorsión, el uso de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como actos que atenten contra la seguridad nacional, la salud pública y la hacienda del país. Esto significa que las personas acusadas de estos delitos irán a prisión automáticamente, sin posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.
Organismos autónomos en la cuerda floja.
La mayoría conformada por legisladores de Morena, Nueva Alianza Hidalgo, PT y PRD también dio su aval para eliminar siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, el Coneval, la Cofece y otras instituciones que supervisaban temas clave como competencia económica, telecomunicaciones, hidrocarburos y educación.
La diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, criticó duramente esta decisión, señalando que con la desaparición del INAI se pone en riesgo la democracia y la imparcialidad en la rendición de cuentas, ya que estas instituciones eran esenciales para supervisar las acciones del gobierno.
Más poder para la SSPC.
Otra de las reformas aprobadas otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ahora, esta dependencia podrá coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar delitos y cumplir órdenes de aprehensión, según detalló la diputada Juana Olivia Alarcón. Con esta medida, se busca dotar a las autoridades de instrumentos legales más sólidos para combatir el crimen organizado.
Aunque la diputada Lizbeth Ordaz destacó que las reformas judiciales aún están en proceso de análisis, estas aprobaciones ya están generando división de opiniones y un intenso debate sobre su impacto en la transparencia, la justicia y la democracia del país.
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