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Informe Revela Incumplimiento de Orden Presidencial en la Apertura de Archivos del CISEN
El anhelo de desentrañar los archivos de la historia de la guerra sucia y el desaparecido CISEN, proclamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, figura prominente en la política surgida de movimientos de izquierda reprimidos durante ese sombrío período. No obstante, este compromiso ha naufragado en la realidad.
El día de hoy, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas entre 1965 y 1990, parte integrante de la Comisión de la Verdad establecida por la Secretaría de Gobernación (Segob), ha presentado un informe que pone en evidencia el incumplimiento sistemático de la orden presidencial de febrero de 2019. Dicha orden instruía transferir los expedientes de la represión al Archivo General de la Nación (AGN). Este mandato ha sido ignorado de manera consecuente por toda la administración de López Obrador, incluyendo incluso al Ejército.
El informe, al cual Aristegui Noticias tuvo acceso, revela dos problemáticas clave.
Primero, solo un expediente, relacionado con el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984, ha sido entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, anteriormente CISEN) al AGN. Esto es a pesar de que la orden presidencial abarca documentos desde 1986 hasta 2004.
En segundo lugar, el Mecanismo señala que, a pesar de encontrar evidencia de documentos en índices y herramientas de consulta sobre figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre otros temas, el CNI no ha efectuado la entrega correspondiente al AGN.
El informe técnico del Mecanismo, dirigido por David Fernández, antiguo rector de la Ibero y ex director del Centro Pro, expone que las omisiones no se limitan al CNI o al Ejército, sino que el propio AGN ha sido incapaz de esclarecer la documentación que el CNI debía transferir en el lapso de 1985 a 1990.
Esta situación entraña graves consecuencias en la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la reparación. A pesar de las promesas, la apertura de archivos que atestiguan violaciones a los derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado sigue siendo una asignatura pendiente en el camino hacia la transparencia y el esclarecimiento histórico. El incumplimiento de esta tarea plantea preguntas acerca de la solidez de la voluntad gubernamental y sus implicancias para la memoria y la justicia en el país.
