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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó que durante el último año fiscal se deportaron 271.484 personas, marcando el nivel más alto desde 2014. Este dato, revelado en su informe anual, abarca del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024 y pone de manifiesto los retos de la administración de Joe Biden en materia migratoria.
Aunque Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha prometido endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, los números del Gobierno de Biden ya superaron los dos años previos de su mandato. Las acciones del ICE se enfocaron principalmente en quienes representan amenazas a la seguridad pública y nacional, según el reporte.
De las deportaciones realizadas, un 32% correspondieron a personas con antecedentes penales, mientras que la división de cumplimiento y deportaciones del ICE detuvo a 113.431 inmigrantes, de los cuales más de 81.000 enfrentaban cargos criminales o ya eran delincuentes convictos.
Buena parte de los deportados ingresaron de manera irregular por la frontera entre Estados Unidos y México, una región que sigue siendo epicentro de la crisis migratoria global. El informe detalla que el ICE realizó vuelos de deportación a cerca de 200 países, destacando esfuerzos diplomáticos con naciones como China para facilitar estos procesos.
El director interino del ICE, Patrick J. Lechleitner, reconoció los desafíos operativos al señalar que la agencia operó con recursos limitados mientras respaldaba al Departamento de Seguridad Nacional para mantener la seguridad fronteriza.
Por su parte, el equipo de Trump planea redoblar esfuerzos. Tom Homan, designado por Trump como “zar de la frontera”, enfatizó la necesidad de financiamiento adicional del Congreso para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes. Actualmente, ICE cuenta con cerca de 6.000 agentes y 40.000 camas para detenidos, pero Homan estima que necesitará al menos 100.000 camas y más personal para cumplir con los ambiciosos objetivos de su administración.
Bajo el mandato de Biden, se priorizaron las deportaciones de personas consideradas riesgosas para la seguridad nacional o pública. No obstante, el informe señala que aún existen 1,4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación, muchos de los cuales no pueden ser expulsados debido a restricciones legales o porque sus países no aceptan su retorno.
Además, el sistema migratorio enfrenta una presión adicional: más de 7,6 millones de inmigrantes están en procesos de deportación o bajo órdenes finales, pero permanecen en libertad mientras se resuelve su situación. Un exfuncionario de Seguridad Nacional señaló que “detener a alguien no siempre significa que será deportado rápidamente; el proceso sigue siendo complejo y requiere cambios sustanciales”.
Las cifras dejan claro que el panorama migratorio será uno de los temas más delicados para la próxima administración, que enfrentará limitaciones de recursos y un sistema que demanda reformas profundas.
