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La reciente propuesta de habilitar un albergue con espacio para cinco mil personas en la frontera es una buena noticia, pero, según José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, es urgente que este esfuerzo venga acompañado de más recursos para los albergues manejados por la sociedad civil.
García Lara subrayó que, si bien tener instalaciones grandes es un avance, no se debe olvidar que la sociedad civil ha sido la que ha estado al frente durante años, ayudando a los migrantes. “Es fundamental que también se les dé el apoyo necesario para seguir con su labor”, comentó el activista.
Además, hizo un llamado al Gobierno Federal para que se asignen recursos especiales, como los que se destinaron en administraciones pasadas, que llegaron a superar los 300 millones de pesos, para atender directamente a los connacionales que sean deportados. “Es necesario asegurar que los migrantes reciban la atención que merecen al ser deportados”, añadió.
Otro tema que no pasó desapercibido para el coordinador es la necesidad de programas de integración para los deportados, ya que muchos de ellos podrían preferir quedarse en ciudades como Tijuana, en lugar de regresar a sus lugares de origen. “Las autoridades deben pensar en soluciones para quienes decidan quedarse y no volver a sus pueblos”, finalizó García Lara.
