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El Congreso de Estados Unidos está debatiendo un controvertido proyecto conocido como la Ley Laken Riley, diseñado para dar más autoridad a los estados en temas de inmigración y endurecer las condiciones para ciertos migrantes. Esta propuesta, impulsada por el Partido Republicano, ya pasó en la Cámara de Representantes y ahora se enfrenta a un debate en el Senado, donde necesitará el respaldo de al menos siete demócratas para avanzar.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una joven universitaria que fue víctima de un trágico crimen cometido por un inmigrante indocumentado que había sido detenido y liberado varias veces. Su caso se convirtió en un tema central en las campañas republicanas, especialmente la de Donald Trump.
¿Qué busca esta nueva ley?
Más poder a los estados.
Una de las principales propuestas de esta ley es permitir que los estados, como Texas, puedan demandar al Gobierno federal cuando consideren que no está aplicando correctamente las leyes de inmigración. Esto incluye la posibilidad de impugnar decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o jueces de inmigración que liberen a migrantes detenidos por ciertos delitos.
Los fiscales generales estatales también podrían exigir al Departamento de Estado que suspenda la emisión de visados a países que no acepten de regreso a sus ciudadanos deportados. Por ejemplo, esto podría permitir que el fiscal general de Texas bloquee visas para trabajadores de China o turistas de India por desacuerdos sobre repatriación.
Ampliación de detenciones.
Otro punto que está generando polémica es la ampliación de los delitos por los que un inmigrante podría ser detenido obligatoriamente. Además de crímenes violentos, se incluirían delitos como el robo o hurto, lo que ha desatado críticas sobre el uso de recursos destinados a la detención de personas peligrosas.
Un tema que divide opiniones.
Los defensores de la ley, como el congresista republicano Chip Roy, aseguran que estas medidas son necesarias para que los estados puedan intervenir cuando el Gobierno federal no cumpla con su responsabilidad. “Sin estas disposiciones, la ley perdería gran parte de su impacto”, afirmó.
Por otro lado, críticos como el senador demócrata Chris Murphy advierten sobre las consecuencias de otorgar tanto poder a los estados. “No queremos que el sistema de inmigración termine siendo resuelto por tribunales de distrito en todo el país”, expresó.
Además, expertos como Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, alertan que permitir a fiscales generales intervenir en la emisión de visados podría desatar conflictos internacionales y afectar la economía de Estados Unidos.
Lo que está en juego.
Si esta ley se aprueba, es casi seguro que enfrentará desafíos legales. Mientras tanto, el debate continúa, y los estados están listos para aprovechar cualquier nueva herramienta que les permita influir en las políticas migratorias del país.
