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Un nuevo y controvertido capítulo se ha desarrollado en Nicaragua, donde la Universidad Centroamericana, de orientación jesuita, ha sido impactada por la confiscación de sus propiedades y activos por parte del gobierno de Daniel Ortega. El anuncio, que conmocionó a la comunidad educativa, fue atribuido a “señalamientos infundados” que acusan a la institución de servir como un “centro de terrorismo”.
En un comunicado dirigido a su comunidad estudiantil y docente, la Universidad reveló que ha sido notificada oficialmente de la incautación de sus bienes inmuebles, muebles y cuentas bancarias, las cuales han sido congeladas. Las medidas de confiscación han sido ordenadas en favor del Estado nicaragüense. Consecuentemente, la institución se vio obligada a suspender todas las actividades académicas y administrativas hasta nuevo aviso.
Aunque el gobierno de Nicaragua no ha confirmado la medida, esta se produce en medio de un período de tensión con la Iglesia católica y un aumento de medidas restrictivas. Varios medios de comunicación religiosos han sido cerrados, organizaciones eclesiásticas clausuradas y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se encuentra encarcelado desde febrero, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto con otros 222 opositores excarcelados.
La Universidad Centroamericana, conocida como la UCA, es una de las instituciones educativas más destacadas y respetadas del país. Fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, fue un epicentro durante las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018. Además, en varias ocasiones brindó refugio a manifestantes civiles durante ese tiempo.
Las autoridades universitarias rechazan categóricamente las acusaciones del gobierno, afirmando que los señalamientos carecen de fundamento. Mientras tanto, la comunidad internacional ha expresado su preocupación y rechazo ante estas acciones. Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, manifestó su solidaridad y denunció otra embestida contra los derechos humanos en Nicaragua.
Líderes estudiantiles, exalumnos y defensores de la libertad académica se han pronunciado en contra de la confiscación. Lesther Alemán, líder estudiantil y exalumno de la UCA, criticó fuertemente a los gobernantes sandinistas por cerrar una institución académica de gran importancia. Seis organizaciones universitarias también se han unido para rechazar la medida, considerándola un intento de limitar la autonomía de la universidad y silenciar voces críticas en el país.
