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La Corte Suprema de EE.UU. está a punto de tomar una decisión clave sobre una demanda que podría cambiar las reglas del juego. México está luchando por responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de ser parte de la violencia que desatan los cárteles en la frontera sur. Sin embargo, los jueces de la Corte parecen tener dudas sobre si permitir que esta demanda avance. 🤔
El caso es de gran perfil y, mientras los jueces debatían en la sala, las tensiones entre Estados Unidos y México aumentaban. A las disputas comerciales se sumaban las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre aranceles, mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, prometió represalias en forma de impuestos a los productos de EE.UU.
México demandó a varios gigantes de la industria armamentística como Smith & Wesson en 2021, exigiendo una compensación de $10 mil millones, alegando que estas empresas fabrican armas especialmente diseñadas para ser utilizadas por los cárteles, los cuales las emplean en asesinatos y actos de violencia en todo México. Según el gobierno mexicano, estas armas son traficadas desde Estados Unidos y terminan en manos de criminales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reafirmó en su demanda que estos fabricantes no deberían tener inmunidad por lo que ellos consideran “conducta negligente”, algo que una corte de apelaciones ya falló a favor de México en 2024. Sin embargo, los fabricantes apelaron ante la Corte Suprema.
Durante la audiencia, los jueces mostraron cierta resistencia. Algunos de ellos, tanto conservadores como liberales, plantearon preguntas que dejaban claro que no están convencidos de que esta demanda sea el camino correcto. Uno de los jueces, Samuel Alito, incluso comparó la situación con un caso hipotético donde un estado de EE.UU. demandara a México por contribuir a la delincuencia en su territorio.
México sostiene que las armas diseñadas por estas empresas están destinadas a atraer a los cárteles y que las venden a distribuidores vinculados al crimen organizado. A pesar de esto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que algunos de los productos, como la pistola Super “El Jefe”, no son ilegales en sí mismos, lo que pone en duda el fundamento de la demanda.
La demanda no está cuestionando la Segunda Enmienda de EE.UU., que garantiza el derecho a portar armas, sino que se enfoca en la comercialización y el tráfico ilegal de estas armas hacia México, lo que alimenta la violencia en el país. Por otro lado, defensores de las armas como la NRA (Asociación Nacional del Rifle) argumentan que esta demanda podría poner en peligro la industria armamentística estadounidense.
Un punto clave en la disputa es el 70%-90% de las armas recuperadas en escenas de crimen en México que provienen de EE.UU. México asegura que, a pesar de tener solo una armería en todo el país, está inundado de armas. La Corte Suprema se encuentra entre decidir si responsabiliza a la industria estadounidense o si otorga una inmunidad casi total a los fabricantes.
Si México gana, su demanda podría continuar en los tribunales federales, lo que podría tener un gran impacto en la industria armamentística. De lo contrario, las empresas podrían quedar completamente exentas de responsabilidad.
