amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
El Estado de México lleva 10 años con la Alerta de Género por feminicidio activada para 11 municipios, pero los resultados no son nada alentadores. A pesar de las medidas implementadas, solo se han dado tres dictámenes y la situación sigue siendo crítica, con 643 mujeres asesinadas en los últimos dos años.
María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), alertó sobre la falta de seguimiento y evaluación constante en la implementación de la Alerta. Durante su participación en el Foro “Alertas de Violencia de Género a 10 años: Logros, desafíos y perspectiva” en el Congreso local, Estrada cuestionó la efectividad de la Alerta, ya que aún no se tienen resultados claros.
En una década, solo tres dictámenes Estrada Mendoza destacó que, de los 10 años de la Alerta, solo tres dictámenes han sido realizados. El primero fue en 2022, y los otros dos en 2023 y 2024, pero el último aún no publica sus resultados. La activista señaló que, a pesar de los esfuerzos, las reformas y medidas aplicadas no han logrado avances significativos en áreas clave como la protección a mujeres, seguridad, justicia y reparación del daño.
“Solo tres dictámenes en diez años. Durante los primeros siete años, el gobierno federal se negó a evaluar los avances del Estado de México, lo que retrasó aún más el proceso”, dijo Estrada, quien también lamentó que no se utilicen indicadores claros para evaluar el impacto de la Alerta. “Si no se pide cuentas, no habrá avances reales”, agregó.
Feminicidios y delitos sexuales a la alza La falta de acción es alarmante, ya que entre 2023 y 2024, 643 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México, y solo el 25.6% de estos casos se investigaron como feminicidio. Además, 26,275 delitos sexuales fueron cometidos, de los cuales 6,515 fueron violaciones.
Medidas adoptadas y aún pendientes En 2022, de las 17 medidas que establecía la Alerta de Género, solo 7 fueron implementadas. Estas incluyeron la divulgación del porqué del mecanismo, programas de capacitación para funcionarios, y la creación de unidades de género en dependencias.
Sin embargo, algunas medidas siguen en espera, como la recuperación de espacios públicos para las mujeres, la creación de un banco de datos sobre violencia, y la implementación de un mecanismo para supervisar y sancionar a los servidores públicos que no protejan a las víctimas. Además, la revisión de carpetas de feminicidio sigue siendo una asignatura pendiente en la Fiscalía estatal.
