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El presidente argentino, Javier Milei, encendió la polémica al anunciar un plan migratorio mucho más estricto que sacudió el tablero político y social del país. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), su gobierno busca meter mano firme en el ingreso y permanencia de personas extranjeras en Argentina.
Aunque el decreto todavía no fue publicado oficialmente, ya se adelantaron varias medidas que vienen con todo. Una de las más sonadas es que los extranjeros con antecedentes penales no podrán ingresar, y si ya están en el país y tienen una condena —aunque sea menor—, serán expulsados de inmediato. ¡Sin vueltas!
🛑 Pero eso no es todo. El gobierno también va por el llamado “turismo de salud”, es decir, cuando personas extranjeras entran al país solo para usar los servicios médicos públicos sin aportar ni un peso. A partir de ahora, la atención en hospitales se cobrará, excepto en emergencias.
Además, las universidades públicas podrán comenzar a cobrar matrícula a quienes tengan residencia temporal. Eso sí, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
Desde la Casa Rosada justifican todo esto como parte de un plan para “restablecer el orden” y priorizar el uso de recursos públicos para los ciudadanos argentinos. Manuel Adorni, vocero presidencial y actual candidato en Buenos Aires, fue quien dio la cara con el anuncio. Según él, Argentina necesita alejarse de una normativa permisiva que, según sus palabras, “invita al caos y al abuso de vivos”.
📉 Otro punto importante es que para obtener la ciudadanía argentina ahora será necesario haber vivido al menos dos años consecutivos en el país o haber hecho una inversión significativa. Y para quienes quieran la residencia permanente, deberán demostrar ingresos y no tener antecedentes.
¿Te agarraron mintiendo en la entrada al país o entraste por un paso no autorizado? Expulsión inmediata, sin chance de apelación larga. Y encima, los turistas también sentirán el cambio: deberán presentar un seguro médico obligatorio para poder entrar al país, como ya lo piden varios países europeos.
Según datos del propio gobierno, en las últimas dos décadas, más de 1.7 millones de personas habrían ingresado de manera irregular. Por eso, aseguran que estas medidas buscan reorganizar el sistema y frenar el supuesto descontrol.
👀 Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar. Desde organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se cuestionó la legitimidad del DNU, advirtiendo que no se puede cambiar algo tan delicado sin pasar por el Congreso, ya que afecta derechos fundamentales como el de defensa.
Este nuevo intento recuerda al fallido decreto de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por la actual ministra Patricia Bullrich, que terminó siendo declarado inconstitucional. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que ahora sí aprendieron de los errores y que el nuevo decreto está “mejor armado”.
El contexto político también está candente: las medidas se anunciaron justo entre elecciones provinciales y locales, con Adorni participando como candidato en la capital.
