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Sofía, una niña mexicana de apenas 4 años, podrá permanecer un año más en Estados Unidos, gracias a una extensión de su permiso humanitario, lo que le permitirá continuar con el tratamiento médico que la mantiene con vida. La buena noticia llegó este martes a su familia, después de semanas de incertidumbre.
La abogada Gina Amato, del programa Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, fue quien confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les notificó la aprobación de la extensión, válida del 2 de junio de 2025 al 1 de junio de 2026.
Todo esto surge después de que, en abril, la familia de Sofía —nombre ficticio para proteger su identidad— recibiera una notificación de revocación del permiso, también conocido como parole, con el que ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023.
“Desde que llegamos con ese permiso, mi hija ha podido recibir un tratamiento que le salvó la vida”, contó su mamá, Deysi Vargas, en una rueda de prensa desde Los Ángeles.
Una mochila llena de esperanza.
Sofía vive en Bakersfield, California, y cada noche permanece conectada por 14 horas a una vía intravenosa que le proporciona los nutrientes que su cuerpo no puede absorber de forma natural, debido a un grave síndrome del intestino corto. Durante el día, lleva una mochila con una solución lechosa que le es administrada cuatro veces por su madre o por la enfermera del preescolar.
Su historia no solo refleja una lucha médica, sino también una batalla contra el sistema migratorio estadounidense.
De Playa del Carmen a EE.UU.: una travesía por la vida.
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde sus primeros días presentó problemas intestinales que requirieron seis cirugías, hasta ser diagnosticada con el síndrome que cambió su vida. La familia se mudó a Ciudad de México buscando mejores condiciones médicas, pero la menor pasaba la mayoría del tiempo hospitalizada y sin avances.
Cuando cumplió dos años, su madre se enteró que en EE.UU. niños con su misma condición podían vivir una vida más cercana a lo normal. Gracias a una política migratoria vigente bajo el gobierno de Joe Biden, pudieron solicitar una cita a través de la app CBP One y entraron legalmente por Tijuana-San Ysidro el 31 de julio de 2023.
Desde entonces, Sofía fue atendida primero en San Diego y más tarde en el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde comenzó un tratamiento que ahora sigue en casa.
Un permiso que no garantiza la tranquilidad.
Aunque el parole no otorga residencia ni ciudadanía, permite vivir y trabajar legalmente durante dos años por motivos humanitarios. Más de 530 mil personas, como la familia Vargas, han entrado al país usando este mecanismo, que fue parte de los esfuerzos del gobierno de Biden para aliviar la presión en la frontera con México.
Pero las cosas cambiaron cuando la administración de Donald Trump retomó medidas más duras contra migrantes, revocando miles de permisos similares y amenazando incluso con deportaciones a quienes acuden a sus citas judiciales.
La familia de Sofía no fue la excepción. Recibieron una carta fechada el 11 de abril, advirtiéndoles que si no salían voluntariamente del país, serían deportados, y perderían también su autorización para trabajar.
“Sería letal en cuestión de días”.
El médico que atiende a Sofía, John Arsenault, advirtió en una carta que interrumpir el tratamiento podría causarle la muerte en pocos días. Enfatizó que el sistema que mantiene con vida a la niña depende completamente de la infraestructura médica en EE.UU., y que no es algo que se pueda trasladar a México.
La abogada Gina Amato fue tajante: “Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, es una tragedia moral”.
El caso que conmovió a muchos.
La presión pública fue clave: 38 congresistas demócratas enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiendo reconsiderar el caso. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también intervino, recordando que los Vargas han cumplido con las condiciones legales de su estancia.
Además, los abogados del caso han mantenido contacto con los consulados de México en Los Ángeles y Fresno, buscando apoyo político para frenar una posible deportación.
¿Y ahora qué?
Aunque el DHS asegura que no hay una orden activa de deportación contra la familia, la situación sigue siendo incierta. La extensión de un año es un respiro, pero no una solución permanente.
Por ahora, Sofía puede seguir su tratamiento y vivir como cualquier otra niña de su edad, al menos por otro año. Su madre lo resume así:
“Gracias a esta ayuda, mi hija puede salir del hospital, ver el mundo y vivir una infancia real“.
¿Tú qué opinas, chismoso de confianza? ¿Deberían darle un permiso permanente? ¿O el sistema migratorio está fallándole a los más vulnerables? Te leo. 💬
