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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) insta al Congreso a reestablecer instrumentos para promover la industria del cine antes de año concluido, luego de que en noviembre de 2020 se decidiera el cese del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) como parte del retiro de 374 fideicomisos, como medida de ahorro en el presupuesto nacional.
La SCJN abordó por primera vez esta cuestión en abril pasado, rechazando por mayoría de votos el planteamiento de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que abogaba por el fin de Fidecine. Por ello, el caso fue remitido para reconsideración, con la indicación de crear un nuevo proyecto en concordancia con la mayoría, respaldando el amparo para la conservación de este mecanismo de estímulo.
El amparo fue presentado por Springall Pictures, una productora cinematográfica, y obtuvo el respaldo de cineastas como Guillermo del Toro, Juan Mora Catlet, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes firmaron una misiva en favor de revitalizar este esquema financiero.
El recién aprobado proyecto, respaldado por tres de los cuatro ministros presentes en la sesión de este miércoles, no exige directamente la reactivación de Fidecine, pero demanda enmendar las leyes para reintegrar mecanismos que logren el mismo propósito.
“Se concede el amparo para garantizar que el Congreso cumpla cabalmente con la responsabilidad establecida en la última parte del párrafo doce del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, corrija las deficiencias de la Ley Federal de Cinematografía actual. Debe reconocer expresamente el derecho al apoyo y promoción sostenidos de la industria cinematográfica doméstica, conforme a políticas públicas que estime apropiadas, antes de finalizar el periodo legislativo correspondiente al año 2023”, subraya el proyecto aprobado, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán.
El argumento central reside en que el cine es una manifestación cultural resguardada por el artículo 4 de la Constitución, por lo que el Estado tiene el deber de incentivarla. Se argumenta que es esencial respaldarla legalmente “para asegurar plenamente el ejercicio del derecho al acceso a la cultura y evitar que sea mera declaración sin medios que garanticen su completa realización”, destaca el proyecto.
