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La Ciudad de México fue escenario de una protesta impulsada por jóvenes que denunciaron el desalojo silencioso de vecindarios tradicionales como Roma y Condesa debido al encarecimiento de la vivienda y la llegada masiva de extranjeros adinerados. La movilización se convirtió en símbolo de una desigualdad urbana que golpea sin mirar nacionalidad.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprovechó el conflicto para lanzar un mensaje irónico en redes: invitó a migrantes indocumentados a autodeportarse para poder unirse a futuras protestas a través de su app CBP Home. Una humillación diplomática que cruzó los límites de lo absurdo.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al condenar los lemas xenófobos y rechazar la instrumentalización del descontento social para promover políticas de exclusión. Aun así, su intervención sonó a discurso templado frente a una fuerza que mezcla legítimas demandas sociales con narrativa de odio.
El resultado fue un conflicto urbano que terminó en actos vandálicos: grupos encapuchados rompieron vidrios, pintaron mensajes contra extranjeros y generaron tensión entre residentes y turistas. Las colonias símbolo de identidad nacional se transformaron en epicentro de crisis social.
Para las autoridades capitalinas, lideradas por César Cravioto, el reto es evitar que este estallido social derive en enfrentamiento político. Calificaron los mensajes estadounidenses como frívolos y afirmaron que México seguirá siendo un país solidario.
Detrás del debate político hay un trasfondo real: jóvenes desplazados que luchan por mantener su derecho a la ciudad frente al turismo, los nómadas digitales y la especulación inmobiliaria. Esta crisis exige soluciones urgentes, no discursos tibios.
