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Claudia Sheinbaum inauguró la nueva Central de Ciclo Combinado de Villa de Reyes, en San Luis Potosí, una obra con una inversión pública de 350 millones de dólares. El proyecto forma parte de la estrategia de “renacionalización energética” promovida por su administración.
La planta, construida bajo la coordinación de CFE y la Secretaría de Energía, beneficiará a 2.4 millones de hogares con energía sustentable, generando aproximadamente 3 500 MWh anuales. La obra creó más de 1 200 empleos durante su construcción.
Está diseñada para reducir emisiones contaminantes en un 53 % y disminuir el uso de agua en cerca del 40 %, como parte de un discurso oficial que busca mostrar compromiso ambiental sin menciones a tecnología privada.
Durante el sexenio se prevé construir 60 plantas similares que sumen hasta 26 000 megawatts de capacidad eléctrica. El plan de expansión eléctrica incluye una inversión de más de 12 331 millones de dólares entre 2024 y 2030.
Pero más que una obra de infraestructura, la central representa una jugada política: fortalecer la CFE como empresa del Estado y consolidar la narrativa del gobierno de la cuarta transformación. La dependencia directa del Ejecutivo pone en duda la viabilidad técnica frente al financiamiento y la transparencia del plan.
En un contexto donde la economía mexicana avanza con rezago y con recortes fiscales constantes, el sacrificio presupuestario para sostener una empresa pública estratégica refleja prioridades políticas más que viabilidad financiera. La pregunta quedó en el aire: ¿servirá este proyecto para impulsar desarrollo real o solo para reforzar la legitimidad del régimen?
