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La deuda interna del gobierno federal alcanzó niveles sin precedentes al representar el 83.4 % del total de los pasivos públicos, mientras que la deuda externa equivale apenas al 16.6 %, según datos de Hacienda. Esta concentración ha mejorado el perfil crediticio internacional del país, pero eleva la vulnerabilidad frente a los mercados internos.
La reducción global del endeudamiento al 49.2 % del PIB en mayo de 2025 fue impulsada por la apreciación del peso, que se apreció un 6.7 % desde diciembre de 2024, encareciendo la deuda externa al convertirla a moneda local. Este efecto cambió las cifras, pero no revisó la estructura de financiamiento.
De los valores contratados en el mercado interno, casi 80 % son instrumentos de tasa fija y largo plazo, lo cual da aparente estabilidad. Sin embargo, este formato consolida una dependencia casi absoluta del financiamiento mexicano nacional, expuesto ante cualquier perturbación económica local.
Aunque Hacienda resalta que la deuda se encuentra dentro de los límites aprobados por el Congreso —alrededor de 15 billones 691 mil millones de pesos—, el servicio de esa deuda recae en sectores domésticos. Los inversionistas internacionales valoran estabilidad, pero la carga recae sobre el mercado interno.
Este nuevo techo de deuda interna supone un riesgo implícito: cualquier deterioro en las finanzas públicas, una reforma ambiciosa o una rebaja de calificación crediticia en el futuro podría disparar el costo financiero. México está un escalón de perder el grado de inversión gracias a su dependencia interna y limitado margen de maniobra.
La aparente fortaleza externa oculta un problema estructural: sin diversificación en fuentes de financiamiento y sin reformas fiscales profundas, el país se sostiene gracias al peso. Un shock cambiario, fiscal o una crisis de confianza podrían revertir esa estabilidad. Mientras tanto, la narrativa oficial es éxito, pero el riesgo fiscal crece sin remedio.
