Un tribunal de Jalisco sentenció hoy a 114 años de prisión (semanalmente reportes apuntan a 141 años y tres meses según versiones oficiales) a diez hombres detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, acusados de homicidio calificado y desaparición agravada de al menos tres personas. La multa asciende a casi 1.3 millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Durante la detención, la Guardia Nacional rescató a dos personas privadas de su libertad y descubrió un cuerpo con lesión craneoencefálica. Meses después, el colectivo Guerreros Buscadores documentó más de 1 300 objetos personales y fragmentos óseos: zapatos, ropa y huellas de posibles cremaciones clandestinas.
A pesar de estas evidencias puntuales, la Fiscalía General de la República rechazó que se tratara de un centro de exterminio, alegando falta de pruebas de cremación y sustentándose en estudios que descartan temperaturas suficientes para incinerar cuerpos. Esta contradicción intensificó las críticas sobre omisiones en la investigación estatal.
El caso reveló además la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, señalado por colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y recibir pagos por facilitar operaciones del rancho. Este hallazgo visibilizó la implicación de autoridades locales con crimen organizado.
Aunque esta condena representa un avance judicial, colectivos de víctimas advierten que la justicia real sigue ausente en más de 120 mil casos de desaparecidos. El rancho Izaguirre se erige como símbolo de la impunidad histórica y exige reformas urgentes a la Ley de Desaparición para avanzar hacia un país con justicia tangible.
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