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Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que su administración no ha logrado contener el crecimiento de la extorsión, delito que, según sus propias palabras, sigue al alza mientras el resto de los indicadores de violencia supuestamente disminuyen. Ante esta realidad, la presidenta anunció el envío al Congreso de una iniciativa de ley general para combatir la extorsión a nivel nacional, propuesta que llega tarde y como una respuesta a los datos alarmantes que su gobierno no pudo revertir.
Las cifras oficiales confirman el fracaso: entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025, los casos de extorsión aumentaron 28%. La gravedad del delito no solo radica en la amenaza económica, sino en el riesgo de muerte que enfrentan las víctimas cuando se niegan a pagar las cuotas impuestas por los grupos criminales. Este fenómeno afecta principalmente a pequeños comerciantes que intentan subsistir, sin respaldo del Estado.
La nueva estrategia incluye un número nacional para denuncias anónimas, la cancelación inmediata de los números telefónicos desde los que se realizan las amenazas, y el despliegue de grupos de inteligencia en zonas afectadas. También se contempla crear unidades especializadas dentro de las fiscalías locales para atender estos casos. Todo esto suena prometedor en el papel, pero evidencia que durante años no existió una estrategia clara y coordinada, a pesar de que el crimen organizado llevaba ventaja en las calles.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y figura central del gobierno en materia de seguridad, informó que ocho estados concentran el 66% de las extorsiones del país. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán siguen siendo territorios dominados por los cárteles más violentos, como el CJNG, el de Sinaloa o La Nueva Familia Michoacana, lo que contradice el discurso oficial de que el crimen va en retroceso.
Además, se anunció la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas ligadas al cobro de extorsiones. Aunque esta medida se presenta como un golpe financiero al crimen, no queda claro por qué no se aplicó desde el inicio del sexenio si el fenómeno estaba claramente identificado como una amenaza creciente. Las omisiones pasadas ahora se camuflan con promesas legislativas de último momento.
Sheinbaum también adelantó que se impulsará una reforma constitucional para que el Estado asuma la denuncia del delito, quitando esa carga a las víctimas. El discurso busca apelar a la empatía, pero también evidencia que durante años el sistema judicial ha dejado solas a las personas extorsionadas, muchas de las cuales temen represalias al acercarse a las autoridades.
El anuncio presidencial llega como una reacción, no como una visión preventiva. La administración de Morena ha sido incapaz de proteger a los sectores más vulnerables frente al crecimiento del cobro de piso, las amenazas y el terror impuesto por organizaciones delictivas. Lo que ahora se presenta como innovación legislativa, no es más que el reconocimiento implícito de una política de seguridad que ha sido insuficiente, tardía y, en muchos casos, ausente.
