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A un año y medio del inicio del gobierno de Salomón Jara Cruz en Oaxaca, el estado se encuentra sumido en una crisis alarmante de violencia de género. De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), desde el 1 de diciembre de 2022 se han documentado al menos 247 feminicidios en la entidad, reflejo de una descomposición institucional que el gobierno estatal ha sido incapaz de contener.
La organización, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres, denunció la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar esta ola de asesinatos. Advirtió que la brutalidad y el ensañamiento con que se cometen estos crímenes indican un estado de emergencia. Lejos de contenerse, la violencia se ha intensificado en regiones como la capital oaxaqueña y el Istmo de Tehuantepec, donde los ataques se suceden sin consecuencias claras para los responsables.
Uno de los casos más recientes y representativos ocurrió el 7 de julio, cuando cuatro personas fueron asesinadas a plena luz del día, entre ellas una mujer y un niño de nueve años. El atentado tuvo lugar en un espacio público y en pleno marco de la Guelaguetza, una de las celebraciones culturales más relevantes del estado. Para GESMujer, estos hechos demuestran que la impunidad es la constante y que ni siquiera eventos emblemáticos escapan a la violencia generalizada.
La ejecución de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, el pasado 15 de junio, así como los ataques a otros alcaldes, han terminado por evidenciar que ni el ejercicio de cargos públicos garantiza la seguridad en Oaxaca. Según GESMujer, esta situación demuestra un abandono por parte del Estado, que no ha sabido responder ante el deterioro de las instituciones.
La organización hizo hincapié en que los feminicidios presentan un patrón de saña extrema, odio y despojo, y que lo más grave es el mensaje que se transmite: en Oaxaca las mujeres pueden ser asesinadas sin que haya castigo alguno para sus agresores. La impunidad no sólo persiste, sino que se ha vuelto la norma.
Entre sus principales demandas, GESMujer exige al gobierno estatal implementar políticas integrales con perspectiva de género, crear protocolos eficaces para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, y ofrecer protección urgente a defensoras, activistas y liderazgos comunitarios. También solicitaron investigaciones inmediatas y sin omisiones, así como el fin del encubrimiento institucional.
Finalmente, advirtieron que la justicia en Oaxaca es lenta, las autoridades actúan con negligencia, y que los tres niveles de gobierno siguen repitiendo discursos vacíos sin ofrecer soluciones reales. Frente a esta realidad, la exigencia de las organizaciones es clara: que el gobierno de Salomón Jara deje de mirar hacia otro lado y comience a actuar con responsabilidad y urgencia.
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