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La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, ha anunciado una iniciativa innovadora de cara al año electoral 2023-2024. El INE buscará que uno de los debates presidenciales tenga lugar en su propia sede, marcando un cambio significativo en la tradición.
Humphrey, en una conferencia de prensa, compartió esta propuesta y destacó que nunca antes se había llevado a cabo un debate presidencial en las instalaciones del INE. Para lograrlo, se contempla la asignación de recursos para adecuar las cámaras y equipamiento necesarios.
La consejera considera importante que al menos uno de los debates se celebre en la sede institucional del INE. Para llevar a cabo esta iniciativa, se planea la creación de un comité de debates que permita a los aspirantes presidenciales contar con representantes en el proceso.
Además, se informó que durante septiembre y octubre se llevarán a cabo conversaciones con la Cámara de Diputados para explicar y justificar el presupuesto solicitado, que asciende a 23 mil 757 millones de pesos.
En las elecciones de 2018, los debates presidenciales se llevaron a cabo en diferentes locaciones, como el Palacio de Minería, el Museo del Mundo Maya en Yucatán y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Ahora, para las elecciones de 2024, se considera la posibilidad de incorporar la sede del INE como escenario para uno de los debates. Este movimiento representa un cambio significativo, dado que en el pasado se intentaron reformas al INE que no prosperaron debido a la oposición de legisladores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el contexto de las elecciones de 2024, donde también se elegirá al Congreso, se ha llamado a la ciudadanía a votar masivamente para recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Esto permitiría impulsar reformas constitucionales en materia electoral y buscar cambios en la elección de ministros de la Suprema Corte, además de transferir responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Es importante mencionar que una moratoria constitucional, impulsada por partidos como el PRI, PAN y PRD, obstaculizó la aprobación de reformas importantes, como la eléctrica en abril del año pasado, y la primera iniciativa de reforma electoral con modificaciones a la Constitución. El oficialismo tuvo que recurrir a un “plan B” de reforma electoral que, aunque fue aprobado, fue anulado por el Poder Judicial debido a inconsistencias.
