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El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez dejó a Veracruz con un presunto daño patrimonial superior a 830 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2024 realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis). La auditoría detectó irregularidades graves en cinco dependencias y 34 organismos públicos, entre ellas pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin justificar, que reflejan el desorden y la falta de transparencia del último año de su administración.
Las observaciones más severas se concentran en proyectos emblemáticos como el estadio Luis Pirata Fuente, el Nido del Halcón y el Acuario de Veracruz, donde se acumulan más de 300 millones de pesos observados. En el caso del estadio, el Orfis documentó un daño de 160 millones de pesos por sobrecostos, deficiencias técnicas y pagos indebidos. Cuitláhuac García había destinado más de mil 500 millones del erario para remodelar el inmueble, pero las obras fueron entregadas con retrasos, defectos estructurales y un incumplimiento total de sus promesas.
La remodelación fue adjudicada en varias etapas a empresas cercanas al poder, entre ellas Grupo AEM México JF SA de CV, vinculada con Mario Manuel Guerra Mabarak, empresario relacionado con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este entramado de contratos refleja el mismo patrón de favoritismo y opacidad que ha caracterizado a los gobiernos de Morena, donde las obras públicas se han convertido en un instrumento político antes que en un beneficio social.
Durante las inspecciones de junio y julio de 2025, se encontraron graves daños en las instalaciones del estadio: estructuras oxidadas, butacas con visibilidad obstruida, filtraciones, materiales de mala calidad y módulos sin servicios básicos. En el Acuario, rebautizado como Aquarium, se detectaron 81 millones de pesos sin justificar, incluyendo pagos por trabajos no realizados y ausencia de permisos ambientales de la Semarnat. El Nido del Halcón, en Xalapa, también fue señalado por retrasos prolongados y deficiencias técnicas.
Las dependencias con mayores observaciones son la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), que concentran más de 550 millones de pesos en irregularidades. El caso más escandaloso recae en la PMA, dirigida por Sergio Rodríguez Cortés, exdirigente del PRD y posteriormente aliado de Morena, quien acumula un largo historial de señalamientos por corrupción, enriquecimiento ilícito y uso político de su cargo. Durante su gestión, fue denunciado por Walmart México por exigir pagos indebidos bajo el pretexto de programas ambientales.
El informe del Orfis también reveló anomalías en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Comisión Estatal del Agua, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. En conjunto, estas dependencias suman decenas de millones en pagos injustificados y obras inexistentes. Las deficiencias constructivas, la falta de permisos ambientales y la mala calidad de los materiales son una constante en los proyectos revisados.
A pesar de las múltiples denuncias, las autoridades morenistas han intentado minimizar el impacto de este escándalo financiero. La gobernadora Rocío Nahle anunció auditorías adicionales, pero hasta ahora no se han deslindado responsabilidades ni sancionado a los funcionarios involucrados. El caso del estadio Luis Pirata Fuente simboliza la ineficiencia y la corrupción que dejaron las administraciones de Morena en Veracruz: obras fallidas, promesas incumplidas y un boquete millonario que los veracruzanos seguirán pagando por años.
