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Ciudad de México. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) comenzó el reembolso a 32 mil 656 clientes de CIBanco, después de que la institución solicitó de forma voluntaria la revocación de su licencia para operar como banco. La decisión marca el cierre definitivo de una entidad que enfrentaba sospechas internacionales por posibles operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades financieras, el proceso se originó a principios de 2025, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una notificación alertando sobre presuntas irregularidades en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Tras meses de revisión, la Asamblea de Accionistas de CIBanco decidió solicitar la revocación voluntaria de su licencia para evitar una intervención forzosa.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó el Oficio de Revocación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del lunes, formalizando así la salida de CIBanco como institución de banca múltiple. En paralelo, el IPAB activó desde el 10 de octubre el pago a los ahorradores afectados, bajo las reglas del seguro de depósitos vigente.
Los pagos se realizan con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, sin recurrir a recursos públicos, y cubren hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 3 millones 424 mil 262 pesos con 40 centavos. Dicho fondo se financia mediante las cuotas obligatorias que los bancos comerciales aportan al IPAB, con el propósito de salvaguardar la confianza de los depositantes.
Un comunicado conjunto del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio IPAB aseguró que la liquidación de CIBanco no representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Las autoridades explicaron que la entidad representaba apenas el 0.44 por ciento del total de activos bancarios y que su nivel de capitalización permanecía por encima de los mínimos regulatorios al momento de su salida.
Pese a las sospechas iniciales que rodearon el caso, el gobierno mexicano subrayó que el sistema bancario nacional se mantiene sólido y solvente. Según el documento, las instituciones financieras del país continúan mostrando niveles de capitalización adecuados y garantías suficientes para proteger los depósitos del público, buscando así mantener la confianza en un sector que recientemente ha enfrentado mayores exigencias de transparencia internacional.
