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Tras la detención de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, familiares aseguran que los jóvenes no tienen nada que ver con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González y que son víctimas de fabricación de delitos.
El juez de control del juzgado de Barrientos dictó prisión preventiva justificada contra ambos mientras se determina si serán vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. La decisión final se espera este jueves, tras la duplicidad del término constitucional solicitada por sus abogados. Mientras tanto, permanecen recluidos en el penal correspondiente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas que, según ellos, vinculan a los imputados con el caso: un Volkswagen gris, botas con sangre, cámaras de videovigilancia y análisis de ADN. Además, la Fiscalía asegura que Gabriel Rafael fue visto siguiendo a Kimberly el 2 de octubre y que, junto con Paulo Alberto, la habría privado de su libertad. Los detenidos fueron capturados tras un operativo basado en videos de seguridad de la zona donde se perdió contacto con la joven.
Sin embargo, los familiares de los acusados denuncian irregularidades graves en las detenciones. Alegan que Gabriel Rafael fue ingresado a su domicilio el 4 de octubre a la 1:45 a.m. sin orden de cateo, revisaron dos propiedades con perros y drones sin hallar evidencia, y que fue presentado brevemente por cohecho antes de ser desaparecido entre el 9 y 12 de octubre hasta su reaprehensión el 13.
En cuanto a Paulo Alberto, su familia asegura que fue detenido el 8 de octubre mientras recogía su auto en un taller eléctrico y trasladado a Toluca bajo el argumento de portar marihuana, lo cual niegan. Afirman que fue vinculado al caso Kimberly por la supuesta similitud del Volkswagen que aparece en videos, aunque las placas y características del vehículo no coinciden.
Ambas familias sostienen que los jóvenes son personas trabajadoras, sin antecedentes penales, y que su única relación con el caso fue estar en la zona el día de la desaparición. Por ello, exigen justicia, la liberación inmediata de sus familiares y que se difunda su versión de los hechos.
Mientras tanto, los colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos siguen pidiendo una investigación exhaustiva que permita esclarecer el paradero de Kimberly, manteniendo la presión sobre las autoridades para que el caso no quede impune.
