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En una sesión maratónica que se prolongó hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena y sus aliados, la cual permitirá aplicar las nuevas disposiciones a las etapas procesales que aún no se han resuelto en los juicios en curso. La oposición denunció que se trata de una forma encubierta de retroactividad que vulnera el principio constitucional de certeza jurídica.
Con 332 votos a favor y 128 en contra, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde aprobaron el dictamen tras introducir un artículo transitorio que, según los legisladores opositores, busca disfrazar lo que el propio oficialismo calificó antes como inconstitucional. Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron que esta reforma cambia las reglas de los procesos en marcha y afecta derechos previamente adquiridos.
Aunque los diputados morenistas aseguraron haber eliminado la retroactividad, incluyeron una cláusula que señala que los juicios de amparo se dividirán en etapas, de modo que las que aún no se concluyen se regirán por la nueva ley. Este artículo fue promovido por Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, quien defendió que la medida no viola derechos, sino que distingue entre actos anteriores y posteriores a la entrada en vigor del decreto.
La reserva fue duramente cuestionada por Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, quien la calificó como un truco para imponer por la vía legal lo que la Constitución prohíbe. También el diputado Emilio Suárez Licona advirtió que aplicar nuevas reglas procesales en juicios abiertos altera las condiciones bajo las cuales las partes accedieron al proceso, afectando mecanismos de defensa previamente establecidos.
Por su parte, la diputada panista Paulina Rubio acusó a Morena de haber metido la retroactividad por la puerta trasera y sostuvo que la reforma busca debilitar una herramienta clave para los ciudadanos frente a los abusos del poder. Según la legisladora, el oficialismo pretende limitar la figura del amparo ahora que ha logrado controlar al Poder Judicial mediante la elección de jueces.
Desde la tribuna, Mariana Benítez Tiburcio, diputada morenista y secretaria de la Comisión de Justicia, defendió el cambio argumentando que no se modifican sentencias firmes ni derechos adquiridos, sino que se busca dar orden y claridad a los procesos. Sin embargo, su intervención fue recibida con abucheos por parte de la oposición, que insistió en que el texto fue redactado siguiendo las recomendaciones del exministro Arturo Zaldívar, cercano a la presidencia.
Tras más de 15 horas de debate, la minuta fue finalmente enviada al Senado de la República para su revisión. Con esta votación, Morena consolida un nuevo golpe al marco legal de defensa ciudadana, debilitando uno de los instrumentos más importantes contra los actos arbitrarios del Estado.
