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El coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo federal, Arturo Zaldívar, salió en defensa de las reformas a la Ley de Amparo aprobadas por la Cámara de Diputados, argumentando que no vulneran los derechos ciudadanos ni obstaculizan el acceso a la justicia. Según el exministro, la intención es convertir el amparo en un procedimiento más eficiente y actualizado, aunque las críticas apuntan a que el verdadero propósito del gobierno es debilitar uno de los principales contrapesos del poder.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar sostuvo que detrás del rechazo a la reforma existe una campaña de desinformación. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y organizaciones civiles advierten que las modificaciones aprobadas permitirían al Ejecutivo limitar las suspensiones de actos de autoridad, lo que representa un golpe directo a la independencia judicial y al derecho ciudadano de impugnar abusos del poder.
La nueva versión de la Ley de Amparo ha generado un amplio rechazo entre juristas, universidades y organismos internacionales, que consideran que Morena y el gobierno federal buscan centralizar la toma de decisiones en detrimento del equilibrio institucional. Aunque Zaldívar insistió en que el juicio de amparo no se restringe ni se limita, los críticos señalan que la redacción ambigua de la reforma abre la puerta a la intervención política en procesos judiciales.
El exministro, ahora convertido en operador político del Ejecutivo, defendió la iniciativa asegurando que las modificaciones dotarán al sistema judicial de mayor agilidad y eficacia. No obstante, las objeciones se centran en que la medida podría usarse para frenar suspensiones contra decisiones gubernamentales, debilitando así la protección constitucional de los ciudadanos frente a actos arbitrarios.
La oposición ha denunciado que la administración de Sheinbaum continúa el modelo de control institucional iniciado por Andrés Manuel López Obrador, bajo el cual se promovieron leyes y reformas destinadas a reducir la autonomía de organismos independientes. A pesar del discurso de modernización, el trasfondo de la iniciativa refuerza la tendencia del gobierno federal a someter el Poder Judicial a su línea política.
Zaldívar afirmó que las críticas provienen de sectores que se oponen a cualquier transformación del sistema jurídico, pero evitó responder a las acusaciones sobre la pérdida de equilibrio entre los poderes del Estado. La controversia, lejos de apagarse, ha avivado la preocupación de que México avance hacia un esquema donde el Ejecutivo influya cada vez más en la impartición de justicia.
