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La organización México Evalúa advirtió que la nueva CURP Biométrica, que entrará en vigor el 16 de octubre de 2025, podría consolidar un sistema de control gubernamental sin las garantías democráticas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos. El proyecto, gestionado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo), almacenará huellas digitales, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica de todos los mexicanos, lo que ha generado fuertes preocupaciones sobre su posible uso indebido.
El informe de la organización, titulado Hacia un sistema digital confiable, al servicio de la ciudadanía, subraya que el modelo no cumple con los estándares internacionales de protección de datos establecidos por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De acuerdo con el análisis, un sistema de identidad digital solo puede considerarse legítimo si su adopción es voluntaria, auditable y cuenta con salvaguardas efectivas contra el abuso de la información personal.
México Evalúa también señaló que, aunque el Congreso aprobó recientemente reformas para fortalecer el ecosistema digital —incluyendo la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)—, el marco legal actual concentra un poder excesivo en el Ejecutivo, carece de mecanismos de transparencia y limita la posibilidad de control judicial. Este escenario, advierte la organización, facilita el acceso indiscriminado del Estado a la información privada de los ciudadanos.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ocurrida en marzo pasado bajo el gobierno de Morena, agrava aún más la situación. Sin este organismo, México perdió su principal defensa institucional frente a la vigilancia estatal, dejando en manos del Consejo de la Judicatura Federal la atención de los amparos en materia de privacidad. El cambio, según México Evalúa, ha sobrecargado al Poder Judicial y pone en riesgo la imparcialidad en la protección de los datos personales.
El reporte advierte que los jueces especializados en estos temas podrían ser sustituidos tras las elecciones de 2027, lo que amenaza la continuidad y especialización necesarias para garantizar el resguardo de la información digital. Ante este panorama, México Evalúa propuso crear una comisión bicameral que supervise el sistema de inteligencia e investigación penal, así como un nuevo organismo autónomo encargado de proteger los datos personales y auditar el manejo de la información biométrica.
Finalmente, la organización enfatizó que la digitalización debe avanzar con legitimidad democrática y no convertirse en un instrumento de control político. Sin contrapesos institucionales, concluyó, la CURP Biométrica podría transformar el derecho a la identidad en una herramienta de vigilancia masiva bajo la administración federal, evidenciando una preocupante erosión de la confianza entre gobierno y sociedad.
