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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia favorable del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio para adjudicar a la institución un inmueble en Culiacán, Sinaloa, vinculado a la banda Los Chapitos, con un valor estimado en 4 millones 361 mil pesos.
El domicilio, ubicado en la capital sinaloense, era utilizado por Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini o El 09, identificado como jefe de escoltas de los Chapitos. Las investigaciones revelan que en ese espacio se llevaban a cabo secuestros y otras actividades delictivas bajo protección de la organización.
La operación se efectuó por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), la cual demostró ante el juzgado los vínculos del bien con delitos de delincuencia organizada. Con ello, el inmueble será transferido al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Aunque la cantidad recuperada parece simbólica frente al vasto poder de los Chapitos, el caso representa un golpe al patrimonio de la red criminal y envía una señal de que el Estado busca atacar sus finanzas y bienes. No obstante, expertos advierten que la acción aislada resulta insuficiente si no va acompañada de operativos estructurados.
El valor del inmueble también pone de manifiesto la escala local de la operación: 4.3 millones de pesos no compensan el volumen económico de los activos criminales, lo que refuerza la necesidad de medidas más contundentes por parte de la FGR, particularmente cuando las redes tras esa casa incluyen cadenas de secuestro, tráfico de drogas y armas.
La recuperación del bien llega en un contexto de crecientes críticas al gobierno por la persistencia de los cárteles en Sinaloa y la aparente capacidad de operar sin freno. La lentitud de la justicia, la corrupción estructural y la impunidad siguen siendo parte del escenario en el que se desarrolla este tipo de acciones.
Este despojo simbólico y legal representa más que una simple confiscación: es una declaración implícita de que los activos ilícitos también pueden perderse para el crimen organizado. Pero, para que marque un cambio real, debe replicarse con uniformidad y acompañarse con judicialización efectiva de los responsables.
