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Durante las últimas semanas, las protestas frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, a las afueras de Chicago, se han vuelto cada vez más tensas 😬. Lo que comenzó como una manifestación pacífica contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump, terminó con decenas de personas detenidas y varios enfrentamientos con la policía.
Desde septiembre, los grupos de activistas se reúnen todos los viernes para exigir que se detengan los operativos de inmigración. Pero las cosas cambiaron a inicios de octubre, cuando agentes estatales, del condado y locales asumieron el control de la seguridad. Desde el 3 de octubre, ya suman 68 arrestos relacionados con las protestas, según la Oficina del Sheriff del condado de Cook.
Aunque las autoridades aseguran que buscan mantener las entradas despejadas y garantizar la seguridad, los manifestantes dicen que solo están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Entre los arrestados hay historias que reflejan el choque entre ambos lados.
Una de ellas es la de A’Keisha Lee, una joven de Chicago de 30 años que fue detenida el 17 de octubre. Ella cuenta que los agentes llegaron con cascos y porras, empujando a la gente. En el caos, fue golpeada en la cara y terminó con las muñecas sujetas con bridas plásticas. Pasó varias horas detenida antes de quedar libre. Ahora enfrenta dos cargos menores por resistirse a la autoridad, aunque asegura que no hizo nada fuera de la ley. “Tenía derecho a estar allí”, repite Lee, convencida de que su protesta fue legítima.
Ese mismo día, Sean Mills, otro manifestante habitual, también terminó arrestado. Quiso entrar al edificio de ICE “para ver las condiciones de los detenidos”, según dijo, pero en segundos fue rodeado por agentes. Le dieron una citación por desobedecer a la policía y deberá presentarse ante un juez el 25 de noviembre. Pese a todo, no se arrepiente: “Es una vergüenza que se castigue a quienes protestamos pacíficamente”.
Otro caso fue el de Paul Ivery, un trabajador de cafetería escolar con discapacidad intelectual que también acudió a protestar en septiembre. Terminó acusado de agredir a un agente federal, aunque más tarde los fiscales retiraron los cargos tras considerar su condición. Incluso la alcaldesa de Oak Park, Vicki Scaman, salió en su defensa y pidió al juez que tomara en cuenta su situación.
Las autoridades aseguran que desde que implementaron un operativo conjunto —al que llaman “Mando Unificado”— ya no ha habido enfrentamientos violentos ni uso de gas lacrimógeno, como al inicio de las movilizaciones. Pero los manifestantes desconfían y dicen que la represión sigue presente, solo que ahora con un rostro más “legal”.
“Esto es apenas una muestra de lo que estamos dispuestos a permitir como sociedad”, dice Lee, reflexionando sobre el trato que el país da a los inmigrantes. Y aunque teme que su caso sea usado como ejemplo, afirma que seguirá protestando.
