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Shirley Chung llegó a Texas siendo apenas una bebé. Nació en Corea del Sur en 1966, hija de un militar estadounidense y una madre coreana que, sin poder hacerse cargo, la dejó en un orfanato en Seúl. Un año después, una pareja de Estados Unidos la adoptó y la llevó a su nuevo hogar.
“Nos abandonó, es la forma más amable de decirlo”, comenta Shirley, hoy de 61 años, quien creció creyéndose una ciudadana más del país donde estudió, trabajó, se casó y crió a sus hijos. “Soy una hija de los 80”, dice con orgullo.
Todo marchó bien hasta 2012, cuando perdió su tarjeta del Seguro Social y fue a tramitar una nueva. Ahí descubrió lo impensable: nunca había sido ciudadana estadounidense. “Tuve una crisis nerviosa al enterarme”, recuerda.
Y no está sola. Se calcula que entre 18 mil y 75 mil personas adoptadas internacionalmente por familias estadounidenses están en la misma situación: crecieron creyendo que eran ciudadanas, pero legalmente no lo son. Algunas incluso ya fueron deportadas a países donde no conocen a nadie ni hablan el idioma.
Una de esas historias es la de un hombre surcoreano adoptado en su infancia, que tras ser deportado en 2017 por tener antecedentes penales, terminó quitándose la vida.
Otra mujer, adoptada en 1973 por una familia de origen iraní en el Medio Oeste, cuenta que también pensó toda su vida que era ciudadana. Todo cambió cuando quiso sacar pasaporte a los 38 años y las autoridades le informaron que sus papeles se habían extraviado.
“Yo no me considero inmigrante, mi cultura original fue borrada desde que era bebé. Me crié aquí, hablo como ellos, pienso como ellos, pero de pronto me dicen que soy extranjera”, relata.
El problema tiene raíces en la Ley de Ciudadanía Infantil del año 2000, que otorgó la ciudadanía automática solo a los adoptados nacidos después de febrero de 1983. Quienes llegaron antes quedaron fuera y viven atrapados en un limbo legal.
Activistas y abogados han pedido al Congreso eliminar ese límite, pero ninguno de los proyectos de ley ha prosperado. Mientras tanto, los afectados viven con miedo a ser deportados, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien prometió expulsar “inmediatamente a todos los extranjeros en situación irregular”.
En mayo pasado, una madre adoptiva llamada Debbie Principe denunció que el gobierno le negó la ciudadanía a sus dos hijos adoptados en Rumania, advirtiéndole incluso que, si no apelaba en 30 días, tendría que entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional. “Tendremos suerte si no los deportan a un país que ni siquiera conocen”, lamentó.
El Centro Legal para los Derechos de los Adoptados, fundado por el abogado Greg Luce, asegura que desde el regreso de Trump han recibido cientos de solicitudes de ayuda. “Tras conocerse los resultados electorales, se dispararon las peticiones”, contó.
Por miedo, algunos adoptados evitan lugares públicos o comparten su ubicación en apps con amigos por si llegan a detenerlos. “A ellos no les importa tu historia ni que todo sea un error administrativo. Este simple papel me ha arruinado la vida”, dice una afectada.
La abogada de derechos humanos Emily Howe sostiene que el problema podría resolverse fácilmente si hubiera voluntad política. “Son personas adoptadas por padres estadounidenses, traídas legalmente cuando eran bebés. Lo justo es que tengan los mismos derechos que cualquier hijo biológico”, explica.
Hoy, Shirley solo quiere hablar con el presidente para contarle su historia y la de miles como ella. “No somos inmigrantes ilegales. Nos subieron a aviones cuando éramos bebés diminutos. Solo pedimos que cumplan la promesa que EE.UU. nos hizo entonces: la ciudadanía estadounidense”. 🇺🇸✨
