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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, negó nuevamente la solicitud de Grupo Salinas para aplazar la resolución de siete juicios fiscales relacionados con Tv Azteca y Elektra. Las empresas argumentaron que habían pedido al gobierno federal ajustar los montos de los adeudos, pero el ministro presidente dejó claro que no hay fundamento legal para retrasar el fallo, ya que el tribunal debe garantizar el acceso a la justicia mediante resoluciones prontas y dentro de los plazos establecidos.
En las últimas dos semanas, es la segunda ocasión en que las compañías de Ricardo Salinas Pliego intentan detener sus procesos legales. Actualmente, al menos ocho casos vinculados a Grupo Salinas permanecen en la Corte, cinco de Elektra y dos de Azteca. Las autoridades fiscales señalan que los créditos, con multas, recargos y actualizaciones, ascienden a 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, lo que refleja la magnitud del conflicto entre el empresario y el gobierno. A pesar de ello, las empresas promoventes de los amparos no pueden exigir que se posponga la resolución.
El máximo tribunal prevé desechar los recursos, mientras que solo el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad de presentar elementos que comprueben la validez de los créditos fiscales. Si el SAT ajusta los adeudos antes de que se emita el fallo, podrá informarlo para declarar improcedente el amparo. En ese escenario, las empresas podrían desistirse de los puntos que dejen de afectarlas, pero el proceso judicial continuaría sin modificación de fondo.
Grupo Salinas no solo intentó aplazar los juicios, sino también impedir la participación de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, aunque esos recursos también fueron rechazados por la presidencia de la Corte. Además, Elektra promovió el 27 de octubre dos intentos para frenar la intervención de los nueve ministros del pleno en litigios que acumulan más de 34 mil 373 millones de pesos en impuestos, recargos, multas y actualizaciones.
Mientras tanto, el conflicto escaló al ámbito político. La semana pasada, Grupo Salinas reiteró al gobierno de Claudia Sheinbaum su petición de actualizar los montos con el SAT, asegurando que podría liquidar la deuda en menos de 10 días si se aceptaba pagar solo 7 mil 600 millones de pesos, incluyendo un pago previo de 2 mil 700 millones realizado en 2022. No obstante, la procuradora fiscal Grisel Galeano sostiene que el monto real supera los 74 mil millones de pesos.
La presidenta respondió de manera tajante al empresario, negando cualquier mesa de negociación y dejando en evidencia que su gobierno no cederá ante presiones. Señaló que lo único que debe hacer Grupo Salinas es pagar lo que debe, recordando que las oficinas del SAT y las transferencias electrónicas están disponibles. Este enfrentamiento exhibe cómo, pese al discurso federal de justicia fiscal, la administración de Sheinbaum enfrenta críticas por responder con frases populistas en lugar de aplicar con firmeza la ley ante grandes deudores.
