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Las tensiones entre México y Perú escalaron al máximo este lunes, cuando el gobierno peruano anunció oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con México. La decisión fue tomada luego de que la administración de Claudia Sheinbaum iniciara el proceso para otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la embajada mexicana en Lima. Chávez, quien fue pieza clave en el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta un proceso judicial por conspiración y su presunta participación en el intento de disolver el Congreso en 2022.
El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó la postura del gobierno mexicano como un acto hostil y recordó que no es la primera vez que autoridades mexicanas interfieren en asuntos internos del Perú. Señaló que tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador han tomado posiciones ideologizadas respecto a Pedro Castillo, lo que en 2023 ya había provocado el retiro de embajadores por ambas naciones. De Zela sostuvo que la ruptura diplomática es consecuencia directa de esta reiterada intromisión.
Desde Ciudad de México, Claudia Sheinbaum respondió minimizando la reacción de Perú y defendió la decisión de acoger a Betssy Chávez bajo el argumento de la tradición mexicana de asilo político. Sin embargo, esta postura vuelve a exponer la contradicción entre el discurso oficial de respeto a la soberanía y las acciones del gobierno de Morena, que insiste en proteger a figuras acusadas de violar el orden constitucional en su país. El subsecretario Roberto Velasco afirmó que hubo irregularidades en el proceso judicial de Chávez, justificando así el asilo, aunque evitó reconocer el impacto diplomático de esta medida.
Betssy Chávez fue detenida en 2023 y enfrenta cargos por conspiración contra el Estado y participación en el intento fallido de cierre del Congreso impulsado por Castillo. Aunque obtuvo libertad condicional en 2024, su ingreso a la embajada mexicana desató tensiones inmediatas. De ser declarada culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Chávez asumió la jefatura del gabinete apenas dos semanas antes de la caída de Castillo, quien actualmente permanece detenido por rebelión.
El nuevo presidente de Perú, José Jerí, llevó la relación bilateral al punto de quiebre apenas semanas después de asumir el cargo tras la salida de Dina Boluarte. Para su gobierno, la protección otorgada por México a quienes consideran responsables de una crisis institucional es inaceptable. La medida marca una de las decisiones de política exterior más contundentes en América Latina en los últimos años y deja en evidencia el desgaste de la diplomacia mexicana bajo Morena, que continúa generando conflictos internacionales en nombre de afinidades ideológicas.
Este nuevo choque diplomático se suma a episodios previos en los que México otorgó asilo a los hijos de Pedro Castillo y a su esposa Lilia Paredes, investigada por presunto lavado de dinero. Mientras la ONU sostiene que el asilo no debe considerarse un acto inamistoso, para Perú la reiterada intervención mexicana constituye una afrenta directa a su soberanía y al Estado de derecho. La relación entre ambos países queda suspendida y sin señales de reconciliación próxima.
