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Norma Piña Hernández reapareció públicamente como ministra en retiro durante un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde afirmó que la reforma judicial impulsada por Morena puede revertirse mediante una ciudadanía con mayor educación cívica y jurídica. Aseguró que la elección popular de jueces ha provocado la llegada de perfiles sin carrera judicial, lo que afectará la calidad de la justicia y será perceptible para la población. Señaló que el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del Poder Judicial facilita que se debiliten las instituciones sin verdadera resistencia social.
Piña advirtió que podrían pasar al menos diez años para reconstruir el Poder Judicial de la Federación, luego de lo que calificó como una tormenta perfecta contra su independencia. Dijo que durante su gestión en la Suprema Corte se hizo todo lo posible para defender la autonomía judicial, pero que el panorama actual es el resultado de decisiones políticas que en meses destruyeron estructuras que a otros países les llevó décadas consolidar.
La ministra en retiro responsabilizó a la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados de alterar el equilibrio de poderes y permitir cambios constitucionales que vulneran la autonomía judicial. Cuestionó mecanismos como la elección política de jueces y magistrados y la creación de tribunales disciplinarios bajo control externo, medidas que, según su análisis, responden más a intereses del gobierno que a una búsqueda real de justicia.
En el mismo foro participó el ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien coincidió en que el ataque al Poder Judicial comenzó desde la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y continuó con Claudia Sheinbaum. Afirmó que se construyó una narrativa oficial que desacredita a todo el Poder Judicial con acusaciones de corrupción generalizada, sin presentar pruebas ni sanciones que lo sustenten, solo por fallos que resultaron incómodos para el Ejecutivo y el Legislativo.
Pardo sostuvo que los jueces no representan al pueblo ni a partidos políticos, sino que deben resolver con imparcialidad y apego a la ley, aunque eso no genere aplausos. Advirtió que el nuevo sistema judicial dejará a muchos ciudadanos insatisfechos y recordó que un juez que busca aprobación popular deja de cumplir su función. Añadió que presentar al Poder Judicial como enemigo del pueblo es una estrategia peligrosa, difícil de revertir, porque se basa en emociones y no en razones jurídicas.
Norma Piña concluyó que solo con educación cívica y legal se podrá reconstruir la confianza y exigir una justicia profesional. Sin embargo, ambas voces coincidieron en que el daño provocado por la actual administración no se resolverá pronto, y que el costo lo pagarán los ciudadanos con un sistema judicial debilitado y politizado.
