Tras más de 21 horas de discusiones y enfrentamientos en el pleno, la mayoría de Morena junto con sus aliados del PVEM y PT aprobó durante la madrugada de este 6 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. El bloque oficialista avaló recortes directos a organismos autónomos, entre ellos el Poder Judicial, el INE, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras desechó por completo las propuestas de la oposición.

El presupuesto total se mantiene en 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, tal como propuso la Secretaría de Hacienda, pero se realizaron reasignaciones por 17 mil 788 millones. Los ajustes incluyen recortes de 15 mil 805 millones al Poder Judicial, mil millones al INE, 260 millones al Tribunal Electoral, 933 millones a la FGR y 50 millones a la CNDH. Los mayores recortes dentro del Poder Judicial recaen en el Órgano de Administración Judicial, con 14 mil 56 millones, y en la Suprema Corte, que pierde 661 millones, debilitando aún más a una institución que ha sido blanco de ataques constantes del gobierno federal.
De estos recursos recortados, 10 mil 842 millones se reasignarán al sector educativo, principalmente para subsidios a organismos estatales, educación media superior y fortalecimiento del Instituto Politécnico Nacional. Otros 2 mil 500 millones se destinarán a ciencia y tecnología, 1,985 millones a cultura, 1,500 millones al medio ambiente a través de la CONANP, así como 319 millones a la Secretaría del Trabajo y 641 millones al campo para infraestructura rural sustentable.
La sesión estuvo marcada por gritos, pancartas y acusaciones de la oposición, que denunció que Morena no aceptó ni una sola de sus reservas y acusó al gobierno de desmantelar a los organismos que equilibran el poder del Ejecutivo. Para PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los recortes afectan la impartición de justicia, la democracia, la seguridad pública, el federalismo y los derechos humanos, mientras se fortalece el control político desde Palacio Nacional.
En contraste, el coordinador morenista Ricardo Monreal defendió el presupuesto como responsable, asegurando que fue elaborado con estudios actuariales y proyecciones financieras. Sin embargo, el golpe a organismos autónomos como el Poder Judicial y el INE revela una estrategia clara para reducir contrapesos justo en medio de reformas impulsadas por el gobierno y cuestionamientos por el manejo de la justicia y la seguridad.
Pese al discurso oficial que presume incrementos en salud, seguridad y recursos para estados y municipios, la discusión dejó al descubierto la imposición del bloque oficialista y la ausencia total de acuerdos con la oposición. El presupuesto ahora pasa al Ejecutivo para su publicación, consolidando un nuevo capítulo de concentración de poder y debilitamiento institucional en el país.
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