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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que la reforma al Código Fiscal, específicamente el artículo 30-B, podría provocar un retroceso masivo en la economía digital. La propuesta establece retenciones del 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos, sin considerar márgenes de operación ni costos, lo que pondría contra las cuerdas a miles de pequeñas y medianas empresas que operan en plataformas digitales.
El IMEF explicó que el comercio electrónico representa el 6.4% del PIB nacional y sostiene a más de un millón de PyMEs. Sin embargo, con el nuevo esquema fiscal, una empresa que facture 500 mil pesos al mes y tenga un margen neto del 3% generaría apenas 15 mil pesos de utilidad, pero pagaría 52,500 pesos en retenciones. Este tipo de desequilibrio, señaló el organismo, compromete la liquidez, acelera el endeudamiento y desalienta la formalización y la digitalización del sector.
El impacto no se limita a negocios pequeños. Las grandes plataformas tecnológicas también enfrentarían costos millonarios para adecuar sus sistemas a las exigencias fiscales. Esto podría frenar la inversión extranjera directa, que en 2024 superó los 20 mil millones de dólares. El IMEF insistió en que el objetivo de aumentar la recaudación es válido, pero la forma en que está planteada la reforma pone en riesgo la sostenibilidad de todo el ecosistema digital.
Además, el organismo alertó sobre riesgos tecnológicos. La obligación de interconexión permanente entre plataformas privadas y sistemas del gobierno para acceder a datos en tiempo real genera vulnerabilidades graves. Recordó que instituciones como el SAT y el IMSS ya han sufrido ciberataques, y que replicar estos errores podría comprometer datos sensibles de millones de usuarios.
Desde el punto de vista legal, el IMEF señaló que permitir acceso gubernamental a sistemas privados sin orden judicial viola principios constitucionales y estándares internacionales como el GDPR en Europa, la CCPA en Estados Unidos y los marcos de la OCDE y APEC. A diferencia de países como Francia o Estados Unidos, donde existen controles y medidas proporcionales, México propone un modelo invasivo que genera incertidumbre y desconfianza en el mercado.
Ante este panorama, el IMEF sugirió incluir una evaluación de impacto económico, estándares de ciberseguridad, esquemas diferenciados según el tamaño de las empresas y mecanismos fiscales que no castiguen a startups ni a pequeños negocios. También llamó a abrir un foro legislativo con especialistas, emprendedores y representantes del sector digital para construir una propuesta que fortalezca la recaudación sin destruir la innovación.
