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Uriel Rivera Martínez, el hombre señalado por haber acosado y tocado indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, fue consignado al Reclusorio Norte tras cumplirse el plazo legal establecido por la Fiscalía General de Justicia capitalina. El sujeto también habría agredido a una joven de 25 años momentos después, lo que agravó su situación ante las autoridades.
El traslado fue realizado por agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales determinara que existían elementos suficientes para presentarlo ante un juez de control. Se prevé que este viernes enfrente su audiencia inicial, donde se definirá si permanecerá en prisión preventiva o seguirá su proceso en libertad.
Este episodio desató críticas y preocupación sobre las fallas en los protocolos de seguridad del gobierno federal. A pesar de contar con un equipo de resguardo, la presidenta fue víctima de acoso en uno de los puntos más vigilados de la capital, lo que evidenció una preocupante vulnerabilidad en el esquema de protección presidencial. Si la mandataria no puede estar segura en la vía pública, millones de ciudadanos quedan aún más expuestos a la impunidad cotidiana.
La indignación pública se expandió rápidamente, no solo por la agresión, sino porque refleja un problema estructural: la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, incluso a sus más altos funcionarios. Este caso se suma a casi mil 200 carpetas de investigación abiertas por acoso sexual en la Ciudad de México, cifras que contrastan con los discursos oficiales sobre seguridad y justicia.
El gobierno capitalino y federal han evitado asumir responsabilidades claras ante el evidente colapso de los mecanismos de protección. Mientras tanto, el agresor ya enfrenta un proceso penal, pero la pregunta de fondo sigue en el aire: ¿cómo pudo vulnerarse de esa forma la seguridad de la jefa del Estado mexicano?
Con este traslado al Reclusorio Norte, inicia el proceso judicial contra Rivera Martínez, pero también queda expuesta una administración que presume control y orden, mientras la realidad muestra descuido, improvisación y fallas profundas en materia de seguridad pública.
