amaneciendo.com.mx Tu ventana al mundo
Vecinos de El Oro, en el norte del Estado de México, están que trinan contra la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, y no es para menos: la acusan de desviar recursos y de dejar a las comunidades sin servicios básicos como recolección de basura y agua potable.
Desde temprano, decenas de pobladores se plantaron frente a Palacio Municipal, lanzando basura en señal de protesta porque los camiones no pasan desde hace más de una semana. Todo esto ocurrió luego de que los empleados de la Dirección de Servicios Públicos entraran en huelga, acusando a la alcaldesa de retener sus pagos.
El problema no termina ahí: los trabajadores del Organismo Operador del Agua también se sumaron a la protesta, pues reclaman que no les han pagado su quincena. Las calles ya muestran tiraderos de basura que los vecinos, cansados de la situación, sacaron a la vía pública para no acumularlos en sus casas.
La tensión subió alrededor de las 10 de la mañana, cuando pobladores se toparon con José Aarón Velázquez, director de Servicios Públicos. Al no recibir respuestas, los vecinos lo rodearon y lo ataron con una soga, exigiendo que firmara su renuncia “por ineptitud”. Incluso un representante de la dirección de gobernación estatal que intentó mediar el conflicto terminó atado a un poste por los manifestantes.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado de México, seis de los siete regidores del ayuntamiento y el síndico municipal presentaron un oficio solicitando la destitución de la alcaldesa, señalando que su gestión ha provocado un clima de ingobernabilidad. Además, la acusan de desviar los ingresos obtenidos de lugares turísticos como el Vagón, el Teatro Juárez y el mercado principal, los cuales, según los regidores, van a una cuenta personal de Díaz Peñaloza en lugar de la tesorería municipal.
Por su parte, Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que el Congreso no puede destituir directamente a una alcaldesa. Explicó que cualquier inconformidad debe ser enviada al Poder Ejecutivo, quien tras revisar pruebas podría solicitar la desaparición de poderes en el municipio. También existen canales como la contraloría del Legislativo para recibir quejas sobre gobernantes municipales y darles el trámite jurídico correspondiente.
