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A medida que el cambio climático impone riesgos crecientes a las economías del mundo, el sistema financiero enfrenta una doble responsabilidad: canalizar recursos hacia proyectos sostenibles y, al mismo tiempo, gestionar los impactos que la crisis ambiental genera sobre sus propias operaciones. La próxima cumbre del clima COP30, que se celebrará en Belém, Brasil, bajo el lema Menos promesas, más acción, pondrá sobre la mesa la urgencia de convertir los compromisos de descarbonización en resultados tangibles y de reorientar los flujos financieros hacia modelos resilientes y bajos en carbono.
El Acuerdo de París ya había marcado la pauta con su Artículo 2, que llama a alinear los sistemas financieros con los objetivos climáticos globales. Sin embargo, el reto persiste: traducir ese mandato en mecanismos efectivos de financiamiento y control de riesgos. América Latina ha comenzado a avanzar en ese sentido a través de la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos (LACADI), creada en 2022 y extendida en 2024 con una segunda fase que involucra tanto a inversionistas institucionales como a empresas del sector real.
LACADI II, implementada en México por la Iniciativa Climática de México junto con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, busca fortalecer la gobernanza climática de bancos, aseguradoras y empresas emisoras. El programa asesora a instituciones financieras para integrar la gestión de riesgos climáticos en su operación, elaborar reportes conforme a los estándares internacionales IFRS S2 y desarrollar estrategias de adaptación a largo plazo. También promueve la capacitación de directivos y consejeros en liderazgo climático, un componente clave para la toma de decisiones estratégicas.
Entre los avances más notables, durante el Foro de Finanzas Sostenibles celebrado en la Ciudad de México, se presentó el primer Bono Verde de Resiliencia en América Latina, emitido por FIRA. Este instrumento canaliza recursos hacia el sector agropecuario para reforzar su capacidad de respuesta ante fenómenos extremos y se ha convertido en un referente regional de cómo la banca de desarrollo puede impulsar la adaptación climática.
Más allá de los mecanismos técnicos, LACADI II apunta a un cambio estructural: medir con mayor precisión el nivel de madurez de las instituciones financieras de la región en materia climática, identificar barreras regulatorias y fomentar la colaboración entre gobiernos, empresas y organismos multilaterales. En definitiva, el proyecto refuerza una idea central que marcará la próxima década: el sistema financiero no puede mantenerse ajeno a la crisis ambiental, sino que debe convertirse en uno de sus principales motores de solución.
