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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre el Gobierno de México y TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al empresario a pagar adeudos fiscales millonarios. La organización, con sede en Miami, advirtió que la forma en que se ha manejado públicamente el caso podría generar un entorno adverso para la libertad de prensa en el país.
La SIP señaló que el conflicto ha estado marcado por descalificaciones desde espacios oficiales y por llamados de distintos actores políticos a revisar concesiones de medios, lo que podría interpretarse como presión indirecta sobre la línea editorial de la televisora. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, destacó que los litigios entre el Estado y empresas mediáticas deben resolverse en instancias legales sin interferencias políticas ni discursos que inhiban la labor periodística.
El pronunciamiento se da tras la resolución unánime de la SCJN que confirmó siete juicios fiscales en contra de Grupo Elektra y TV Azteca, en los que se determinaron créditos por 33 mil 477 millones de pesos. Pese a ello, fuentes del propio gobierno federal estiman que la deuda total del conglomerado podría superar los 74 mil millones de pesos.
El caso ha escalado en el terreno político, pues Salinas Pliego ha lanzado ataques directos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, acusándolos de utilizar el aparato del Estado con fines de persecución política. En respuesta, ambos mandatarios han insistido públicamente en que el empresario debe saldar sus obligaciones fiscales, lo que ha tensado aún más la relación entre el Ejecutivo y uno de los principales grupos mediáticos del país.
La SIP, encabezada por Pierre Manigault, advirtió que más allá del conflicto tributario, lo preocupante es que este tipo de disputas puedan derivar en un ambiente de hostigamiento hacia la prensa. La organización subrayó que el interés debe centrarse en garantizar la autonomía editorial y evitar que los procedimientos legales se utilicen como instrumentos de presión política.
